La empresa Indra será la empresa encargada del sistema para la recogida, procesamiento y difusión de los resultados provisionales a elecciones a Juntas Generales de Álava que se celebrarán el próximo 26 de mayo, así como de los servicios adicionales necesarios y del arrendamiento de dispositivos móviles de transmisión de datos por un importe de 470.059,89 euros.
Indra, Soluciones Tecnológicas de la Información, S. L. U. es una de las mayores empresas armamentísticas de España, siendo una de las tres empresas españolas que se encuentran entre las 100 mayores compañías mundiales del sector de defensa y seguridad. También pertenece al IBEX 35 desde el 1 de julio de 1999. Esta empresa consiguió en 2016 unos ingresos de 2.709 millones de euros y cuenta con 34.000 empleados repartidos en 46 países y mantiene operaciones comerciales en más de 140 países.
Esta empresa ha sido la encargada de la gestión de la mayoría de los procesos electorales desde la transición teniendo, prácticamente, el monopolio del sector excepto en 2015 cuando la empresa encargada fue la catalana Scytl. Su labor en las elecciones ha estado en duda en varias ocasiones: en Sevilla, en 2015, el conteo de votos electrónicos de 44 mesas estuvo bloqueado durante varios días, mientras que en 2010 en Barcelona el sistema falló en varias ocasiones antes, durante y después de una jornada electoral.
La sospecha de fraude no solo ha sido en España. En 2015, en las elecciones de la República Dominicana, los resultados electorales fueron rechazados por toda la oposición acusando a la empresa de pucherazo. Este gobierno pagó 26,9 millones de euros a Indra.
Los equipos que utiliza Indra proceden de la empresa PricewaterhouseCoopers, condenada en dos ocasiones por falsear información en favor de dos de los bancos que auditaba: Tokyo-Mitsubishi UFJ y JP Morgan.
Involucrada en varios casos de corrupción
En los últimos años ha salido a la luz de Indra estaba relacionada con varios casos de corrupción relacionados con el Partido Popular: Caso Púnica y Operación Lezo. La Guardia Civil descubrió que Indra utilizó empresas tapadera para financiar la Caja B del PP con 600.000 euros. Este dinero habría salido de adjudicaciones públicas infladas. También se le ha relacionado por la compra de la empresa Europraxis en 2001 cuando era propiedad de Josep Pujol Ferrusola.
Según la Diputación, ha sido la única empresa que se ha presentado al concurso y destacan que como administración convocante, es a ellos quien corresponde la obligación de facilitar a la opinión pública la información sobre los resultados electorales a partir de los datos recogidos en las actas de escrutinio de las mesas electorales. Posteriormente, se realizará el escrutinio general por la Junta Electoral del Territorio Histórico de Álava.
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