La Asociación de Víctimas del 3 de Marzo ha personado en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas una denuncia para que se investigue y se juzgue la matanza de 1976 en Vitoria-Gasteiz y en la que la Policía mató a cinco obreros en huelga.
La decisión de acudir a este Comité viene después de que la justicia española haya rechazado todas las querellas presentadas con el pretexto de que esos crímenes ya han prescrito ya que en aquel año, 1973, la ley no contemplaba este tipo de delitos.
Instituciones
Tanto el Ayuntamiento de la ciudad como la Diputación de Álava ya pusieron una denuncia sobre dicha matanza. El asunto acabó en el Tribunal Constitucional y siendo desestimada después de que la causa fuera archivada por la Audiencia Provincial de Álava.
En concreto, el escrito remitido a Naciones Unidas recuerda que el 18 de julio de 1936 un golpe cívico-militar depuso a las autoridades legítimas elegidas en la Segunda República. El levantamiento dio origen a una dictadura que sistemáticamente vulneró los derechos humanos de centenares de miles de personas. Es en ese contexto en el que se produce la masacre del 3 de marzo de 1976, protagonizada por la Policía Armada Española.
El documento recuerda además que estos hechos “conmocionaron a nuestra ciudad para siempre y aún hoy, las personas asesinadas siguen sin contar con el reconocimiento de víctimas de violencia y por lo tanto, sin ser sujetos de reconocimiento, justicia y reparación del daño causado, con las correspondientes consecuencias para sus familiares y para la sociedad en general”.
El Ayuntamiento relata cómo a partir de un Pleno celebrado el 27 de junio de de 2014, y a raíz de una moción aprobada por unanimidad de los concejales presentes sobre Memoria Histórica, se forma el Grupo de Trabajo de Memoria Histórica, cuyas reflexiones y aportaciones se materializan en el Plan de Memoria Histórica de las víctimas del franquismo en Vitoria-Gasteiz, que se ha desarrollado a lo largo de esta legislatura. Un Plan basado en el marco de los Derechos Humanos y en los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Todas estas acciones quedan recogidas en el Decreto de Alcaldía de 12 de enero de 2018.
