El Gobierno aprueba el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021. Las cuentas públicas recogen el mayor gasto social de la historia y tienen como objetivo combatir los efectos de la crisis provocada por el COVID-19, la reconstrucción social y económica del país y la transformación de su modelo productivo. El Ejecutivo también ha acordado solicitar al Congreso la prórroga del estado de alarma declarado el domingo.
La portavoz ha resaltado que el gasto social, que alcanza los 239.765 millones de euros, es el mayor de la historia, representa un 10% más que el año pasado e incluye casi 9.000 millones de fondos europeos. Sin la ayuda de esos fondos crecería un 6%, ha precisado la ministra.
La revalorización de las pensiones un 0,9% y la subida del 1,8% de las prestaciones no contributivas beneficiarán a más de 10 millones de personas. Montero ha subrayado que el Gobierno cumple así su compromiso de garantizar que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo.
Las partidas destinadas a servicios sociales y protección social se incrementan un 70,3% si se suman los fondos europeos. La portavoz ha incidido en que la lucha contra la pobreza y la exclusión social constituyen un eje prioritario: «Las políticas para combatir la pobreza infantil van a recibir un 59% más de dotación que en años anteriores«.
Autónomos y Planes de Pensiones
Montero ha anunciado que se van a prorrogar durante 2021 los límites del régimen de módulos para autónomos para ayudar así a uno de los colectivos más afectados por la crisis.
Respecto a los planes individuales de pensiones, el límite de aportaciones máximas bajará de 8.000 a 2.000 euros, en línea con las recomendaciones de Airef y la Comisión Europea. Esta medida, ha advertido Montero, afecta a un número muy reducido de contribuyentes, puesto que, según datos de la Airef, solo un 8% de ellos hacen aportaciones superiores a 4.000 euros, y el 58% lo hacen por debajo de 1.000 euros.
Subida del IVA en bebidas azucaradas y edulcoradas
Las bebidas azucaradas y edulcoradas pasarán de tener un IVA del 21% en con el objetivo de combatir la obesidad infantil y enfermedades asociadas como la diabetes. En bares y restaurantes, estas bebidas seguirán tributando al 10% actual «para no perjudicar a la restauración en un momento tan delicado como el actual«, ha apuntado la ministra.
Fiscalidad verde
Montero ha marcado como prioridad del Ejecutivo avanzar en políticas que incentivan los «comportamientos protectores» para el medio ambiente y penalizan los «agresivos«.
Así, se ha propuesto la supresión de la bonificación fiscal del diésel, de forma que el tipo estatal general del gasóleo pasará de los 30,7 céntimos por litro actuales a 34,5. «Este precio sigue siendo inferior a la gasolina«, ha continuado la ministra, «pero el objetivo es ir equiparando de forma progresiva estos dos hidrocarburos como mensaje claro de que tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo en relación con la automoción, y enfocarla hacia una movilidad más sostenible«.
Montero ha defendido que la medida no tiene afán recaudatorio, y ha puesto como ejemplo que, en un depósito de 50 litros, el incremento va a suponer solo 2,3 euros, IVA incluido, o 3,45 euros al mes por 15.000 kilómetros al año.
Se mantiene sin alteración la tributación actual sobre el gasóleo de uso profesional y el gasóleo bonificado.
Nuevos impuestos
Montero ha señalado que están previstos nuevos tributos, ya aprobados, como el de Determinados Servicios Digitales y el de Transacciones Financieras, o en tramitación, como los impuestos sobre envases de plástico no reutilizables, que tendrán reflejo futuro en el presupuesto de ingresos para 2021, aunque todavía no han sido incluidos.
«Estas medidas, junto con la lucha contra el fraude fiscal, supondrán un incremento de los ingresos de 4.223 millones, lo cual es imprescindible para el sostenimiento del Estado de bienestar«, ha afirmado
Solicitud de prórroga del estado de alarma durante 6 meses
El Consejo de Ministros ha acordado solicitar al Congreso de los Diputados la prórroga, durante 6 meses, del estado de alarma declarado este pasado domingo por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre.
La portavoz del Gobierno ha explicado que la solicitud plantea suprimir la vigencia actual de las limitaciones de movilidad entre las 23 horas y las 6 de la mañana, de forma que sea el presidente de cada comunidad autónoma, como autoridad competente, la que establezca estas restricciones horarias, u otras, en función de la evolución de la pandemia en su territorio.
Montero ha insistido en que el estado de alarma da «amparo constitucional» a las medidas que aplican las comunidades autónomas para preservar la salud de la ciudadanía y doblegar la curva en esta segunda ola de la pandemia. En este sentido, ha solicitado una vez más a la ciudadanía que contribuya a este objetivo cumpliendo con responsabilidad las recomendaciones sanitarias.
