Las residencias podrían perder 139 plazas tras el acuerdo firmado entre Ayuntamiento y Diputación

El acuerdo firmado entre el Ayuntamiento y Diputación podría provocar la eliminación de 139 plazas públicas en residencias. 

El Ayuntamiento dejará de percibir más de un millón de euros de la Diputación

Según ha denunciado EH Bildu, el nuevo acuerdo suscrito “supondrá un nuevo retraso en las cuatro grandes áreas de Servicios Sociales”. Esto podría tener consecuencias graves en las arcas municipales ya que dejará de ingresar más de un millón de euros y, por otro, se eliminarán 139 plazas residenciales públicas para personas mayores. 

Ambas instituciones han suscrito un acuerdo que supone un nuevo retraso, hasta 2024, en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley de Servicios Sociales y que se materializa mediante el Decreto de Cartera, donde se establecen las competencias. Según el nuevo acuerdo, las áreas de exclusión, Servicio de Ayuda a Domicilio, Servicio Municipal de Urgencia Social y la residencia CIAM San Prudencio sufrirán un nuevo retraso en la asunción de competencias que mermará la atención y el servicio que ofertan.  

“Nada justifica 5 años de reiterados incumplimientos en la asunción de competencias, y, menos aún, esta nueva espera de 4 años más que, además, prevé otro incumplimiento hasta 2028. Es una irresponsabilidad que afecta directamente a la atención a personas en grave situación de pobreza y a personas mayores”, ha señalado la concejala de EH Bildu Rocio Vitero. 

La atención a personas en grave situación de exclusión, que a día de hoy alcanza las 300 personas atendidas, es una competencia foral “que la diputación no atiende, y que el nuevo retraso da pie a que siga sin asumir. Es más, a día de hoy, ni siquiera cuenta con un centro de atención a personas en dicha situación. Lo mismo ocurre en el SMUS, que a pesar de ser responsabilidad foral, se nutre de presupuesto municipal y foral a partes iguales y es gestionado por el consistorio” destacan.

En lo que respecta al SAD, la gestión es competencia municipal, pero está dividida entre las dos instituciones siendo los casos leves (dependencia grados 0-1) atendidos desde el ámbito municipal y los graves (dependencia grados 2-3) desde el foral. Por ello, este nuevo retraso supondría prolongar una situación insostenible para las personas usuarias, por los criterios de pago y atención establecidos. Además, se paralizan las valoraciones para grados 0 y 1 durante un año. 

Pero además, este acuerdo supone un perjuicio económico para el Ayuntamiento, porque dejará de percibir más de un millón de euros de la Diputación por el CIAM San Prudencio y el SAD, y, a su vez, más de 250.000 euros del Gobierno Vasco por el incumplimiento del Decreto de Cartera. 

Eliminación de 139 plazas en el CIAM San Prudencio 

Según ha explicado la procuradora de EH Bildu Claudia Venceslao, tras el acuerdo, las personas usuarias del CIAM San Prudencio pasarán a ser atendidas en Arabarren cuando finalicen las obras que aún no han arrancado. Pero es más, en la actualidad de las 139 plazas (99 residenciales y 40 de Centro de Día) sólo 104 están siendo ocupadas. Es decir, están dejando de utilizar 35 plazas públicas mientras se deriva a las personas mayores a plazas privadas. “Es gravísimo, pero la irresponsabilidad es mayor aún, ya que este acuerdo recoge además que no se va a ocupar las plazas libres aunque haya lista de espera. Y podemos asegurar que no se ha creado una plaza pública en las últimas tres legislaturas”, ha criticado la procuradora de EH Bildu.  

Otro tanto ocurre con las plazas de centro de día y de fin de semana: no se ocupan sus plazas en su totalidad, se baja lo presupuestado y estas plazas se irán asumiendo por centros privados, hasta desaparecer. “

Además, y según ha señalado Vitero, más de 40 trabajadoras del CIAM San Prudencio continúan sin poder aclarar su situación laboral. El espacio de titularidad municipal está siendo, a día de hoy, gestionado por Diputación. Es decir, es personal municipal quien atiende servicios de competencia foral. Las trabajadoras han denunciado en múltiples ocasiones la inestabilidad que supone este vaivén de competencias para sus puestos de trabajo. Y ahora, se acaba de conocer que, tras el acuerdo, se pretenden eliminar, al menos, 4 puestos de trabajo. Además, la inestabilidad crece tras conocerse que los contratos de las trabajadoras han sido ampliados hasta febrero y que en el posterior periodo hasta junio se revisarán de nuevo todos los contratos.