El Departamento de Justicia del Gobierno Vasco ha presentado la versión web de la base de datos de víctimas mortales de la guerra civil en Euskadi. La base de datos que se puede consultar vía web es fruto de la investigación sobre las víctimas mortales de la guerra civil y el primer franquismo (1936-1945) en Euskadi, así como de vascos que murieron a consecuencia de la guerra fuera de Euskadi.
De las 20.970 fichas incluidas en la base datos, 698 de ellas no identificadas, corresponden a 19.962 hombres y 977 mujeres, mientras que en 31 casos no ha sido posible determinar el género. El conjunto de la información recabada también permite confirmar que los franquistas causaron más asesinatos que los republicanos en Euskadi durante la guerra civil.
Los resultados que se recogen en esta base de datos y en el informe son las conclusiones de la primera fase de esa investigación. En estos momentos se está trabajando en la segunda fase de la investigación, sobre las personas que padecieron prisión.
En este informe se ha incluido a todas las personas que murieron en la guerra civil. Es decir, personas a las que la guerra les causó la muerte. Por eso se ha denominado la base de datos “víctimas de la guerra civil en Euskadi”. En ella se recogen personas que murieron en Euskadi y también personas que tenían su vecindad en Euskadi pero que murieron fuera.
Este informe, además, califica a las víctimas no combatientes causadas por las fuerzas sublevadas, como víctimas de lesa humanidad. Es decir, a las personas muertas en sus bombardeos, las personas ejecutadas por Consejo de Guerra, personas ejecutadas extrajudicialmente por los sublevados y las personas muertas en cautividad.
Porque la violencia franquista supuso la actuación planificada como política de Estado de eliminación del enemigo, en sus distintas variantes, por parte de los sublevados contra la República. Tanto durante la guerra civil como de forma posterior.
Hubo también violaciones de derechos humanos y crímenes graves cometidos por los partidarios de la República, que fueron documentados, fueron objeto durante cuarenta años de atención, reconocimiento y homenaje oficial a sus víctimas. Estas también tienen la consideración de víctimas en este informe.
La consideración de conflicto armado a todos los efectos determina que las partes enfrentadas pueden reclamar el estatuto de combatiente para sus fuerzas armadas o equivalentes y se aplica la protección a las personas protegidas. Existe un derecho a combatir sin que ello entrañe responsabilidad penal con suspensión de la aplicación ordinarioa del ordenamiento penal interno. Por lo que ni las fuerza republicanas, ni las subevadas son consideradas víctimas de Derechos Humanos.
Los combatientes muertos sublevados, en la medida en que las fuerzas alzadas contra la República ganaron la guerra e impusieron su propia legalidad por medio de una larga dictadura, fueron tratados con honores y ensalzamiento de su actuación: como héroes. Y ello con las consecuencias a efectos de un enterramiento digno y un esfuerzo suficiente de localización de los cadáveres, aunque no todos fueron recuperados.
Los republicanos muertos en combate, sin embargo, fueron tratados de rebeldes, sediciosos y traidores, y en consecuencia, maltratados en su dignidad como personas. Ese maltrato a los vivos y supervivientes se concretó en múltiples violaciones graves de los derechos humanos (batallones de trabajadores-esclavos, encarcelamiento…). Pero respecto a los muertos, igualmente, existió un maltrato institucional sistemático y colectivo que no permitió dar con el paradero de los cadáveres, que viola el derecho internacional humanitario.
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