El Gobierno vasco rechaza la Proposición de Ley presentada por EH Bildu para evitar las «puertas giratorias» a la empresa privada de las y los cargos que causen baja en el empleo público. Según lo argumentado por el Ejecutivo, la propuesta choca con las «entidades privadas y excede del haber competencial que el bloque de constitucionalidad y el Derecho Europeo atribuyen a la Comunidad Autónoma de Euskadi».
El Consejo de Gobierno considera que la propuesta presentada por el grupo parlamentario de EH Bildu «resulta ineficaz desde la perspectiva de regular nuevas prohibiciones o condicionantes al comportamiento de las personas que han desempeñado un cargo público. Argumenta que pone en entredicho la eficacia y eficiencia futura del sistema ya que plantea un cambio de composición y funciones de las estructuras vigentes, quitando ámbitos y decisiones al órgano gestor y asigna más decisiones gestoras al órgano principal, sin dotarle de ningún recurso nuevo».
La propuesta de EH Bildu, según Lakua, «plantea asignar la supervisión y control de prácticas fraudulentas a supuestos colectivos de funcionarios que no se describen ni se explican cuáles son sus funciones, medios y derechos. Se limita a enunciar que se espera de esos colectivos una nueva línea de acción pública objetiva, rigurosa y desideologizada».
En su explicación de los argumentos para su criterio desfavorable, el Consejo de Gobierno destaca el hecho de que la «proposición de ley no tome en consideración la inclusión del Parlamento Vasco en el ámbito de actuación de la ley en cuestión, como ocurre, por ejemplo, con la Oficina Antifraude de Catalunya o la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción, en la Comunidad Valenciana».
