En Euskadi, la precariedad laboral afecta de lleno a la salud mental, según un estudio

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El grupo de investigación en Determinantes Sociales de la Salud y Cambio Demográfico de la Universidad del País Vasco (Opik) ha demostrado que en Euskadi la precariedad laboral, independientemente de otros factores económicos, tiene un claro impacto en la salud mental de las personas trabajadoras; principalmente, el nivel salarial en general, y la vulnerabilidad en el caso de las mujeres.

Un estudio llevado a cabo por el grupo Opik de la UPV ha analizado la relación entre la precariedad laboral y la salud mental de los hombres y las mujeres asalariados en el País Vasco desde una perspectiva multidimensional. “Creemos que es necesario abordar la precariedad laboral desde esa perspectiva; ya que, si no, puedes dejar fuera muchas cosas que pueden ser precariedad laboral y no se están analizando”, señala Erika Valero Alzaga, investigadora del grupo.

Así, para conocer la importancia relativa de cada una de las dimensiones que la conforman, la investigación se ha basado en la escala de precariedad laboral EPRES, que consta de seis dimensiones: temporalidad, salarios, desempoderamiento, vulnerabilidad, derechos y capacidad para ejercer derechos. De esta manera, se ha analizado cada una de las dimensiones  de forma separada, para identificar aquellas que potencialmente tienen más impacto en la salud, tomando como base una muestra de la Encuesta de Salud de la Comunidad Autónoma Vasca de 2018.

Según las conclusiones que arroja este estudio, la precariedad laboral se asocia significativamente con la mala salud mental, tanto en hombres como en mujeres. “Hemos visto que hay algunas dimensiones que parecen tener más impacto en la salud mental que otras”, señala Valero. El nivel salarial, en ambos sexos, o la vulnerabilidad, entre las mujeres, parecen relacionarse de manera significativa e independiente con un peor estado de salud mental. “Curiosamente, una de las características más destacables del mercado laboral español es la temporalidad. Vemos que, si neutralizamos el efecto de otras variables, como por ejemplo el nivel de estudios o la posición socioeconómica, esta variable per se no parece afectar a la salud mental”, comenta la investigadora de UPV/EHU. “Esto quizá se deba al hecho de que, en algunos sectores con altas tasas de eventualidad en nuestro contexto, como por ejemplo en parte del sector público, esta situación no se experimente siempre con un alto grado de incertidumbre sobre la continuidad laboral, lo que no significa que no se deban realizar esfuerzos por estabilizar a las plantillas”.

Erika Valero, profesora e investigadora de la Facultad de Medicina y Enfermería | Foto: Unai Zorriketa. Oficina de comunicación de la UPV/EHU.

Garantizar el acceso a un empleo digno y con niveles salariales adecuados

Las transformaciones socioeconómicas y políticas “han dado como resultado un deterioro importante de la calidad del empleo y una transferencia de los riesgos y la inseguridad desde las personas empleadoras hacia las trabajadoras. Además, la precariedad laboral no se distribuye homogéneamente entre la población trabajadora”, afirma Valero. Las mujeres tienden a ocupar puestos de trabajo de peor calidad, tienen menos contratos indefinidos que los hombres, su nivel salarial es inferior y están sobrerrepresentadas en trabajos a tiempo parcial. De igual forma, la precariedad laboral está más concentrada entre las personas jóvenes y las de peor posición socioeconómica. “La precariedad tiene efectos negativos muy importantes en la salud mental, por lo que considerar el impacto que tiene el trabajo en general (el trabajo remunerado y el trabajo doméstico y de cuidados) para la vida de las personas debería ser una prioridad a nivel político —continúa Valero—. Hasta ahora la preocupación era acabar con el desempleo, ya que se ha visto también que tiene un impacto negativo en la salud; pero no solo hay que garantizar el acceso al empleo, sino garantizar el acceso a un empleo digno y con niveles salariales adecuados”.

En opinión de la investigadora, “los resultados de este estudio, basado en una muestra grande y representativa de la población asalariada en Euskadi, (un total de 3.345 personas: 1.636 mujeres y 1.709 hombres), pueden ayudar a identificar los aspectos más desfavorables de la precariedad laboral para la salud mental y, de este modo, poner en marcha diferentes medidas sociopolíticas para hacerles frente”. No obstante, la investigadora reconoce que se trata de un estudio transversal que “impide establecer un principio de causalidad entre la precariedad laboral y la salud mental”, y remarca la necesidad de “impulsar nuevas investigaciones que adapten y analicen la escala EPRES en personas trabajadoras autónomas, así como en personas que carecen de contrato laboral”.

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