Según la información a la que ha tenido acceso Gasteizberrri, ciudadanos y ciudadanas de la ciudad han recibido en las últimas semanas notificaciones del Departamento de Recaudación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, informándoles del fin del periodo de pago voluntario e inicio del periodo de pago ejecutivo (mediante vía de apremio o embargo) de las sanciones impuestas por las restricciones covid. Todo ello, con un recargo del 5% de la cuantía.
Estos hechos se contradicen con las declaraciones del Concejal de Hacienda, Iñaki Gurtubay, que como recogimos en este mismo medio, aseguró en una entrevista que las sanciones serían devueltas, pero que era un proceso costoso porque era necesario “ir sanción pro sanción” y “buscando uno a uno a los ciudadanos para devolverles la deuda”.
Lejos de estar devueltas, parece ser que el Ayuntamiento sigue cobrándolas, sabiendo bien, que dichas multas son todas nulas de pleno derecho por carecer de cobertura legal.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la única administración que sigue adelante con estas multas.
Hace casi un año, en enero de 2022, el resto de las administraciones de Euskadi con capacidad sancionadora acordaron devolver todas las multas interpuestas y cobradas, y archivar las que todavía estuviesen en procedimiento. La razón es que todas esas multas eran nulas, no solo por la declaración de inconstitucionalidad de los dos estados de alarma, sino porque además se imponían en aplicación de la infracción recogida en el artículo 36.6 de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (“Ley Mordaza”). La jurisprudencia había establecido con anterioridad a la pandemia covid que dicha infracción requería de la desobediencia de unas órdenes concretas de un agente, la autoridad, y no un mero incumplimiento de una norma general. Así, en noviembre de 2020 los Juzgados Contencioso-Administrativos de Euskadi ya declararon la nulidad de estas multas por esa razón.
Consecuentemente, en febrero de 2022 todas las administraciones de Euskadi empezaron a devolver las 8.392 multas de los estados de alarma, todas, menos el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que hasta ahora ha seguido empeñado, contra la opinión del resto de entidades y de los Juzgados, en seguir con el procedimiento sancionador.
Un despilfarro de dinero público y un perjuicio para los ciudadanos
Esta situación ha provocado un evidente perjuicio para los y las gasteiztarras que, a diferencia del resto de vecinos de la Comunidad Autónoma Vasca, comprueban como el procedimiento sancionador está siguiendo adelante, y que los recursos interpuestos no están siendo estimados en vía administrativa, obligándoles a recurrir ante los Juzgados de Vitoria, adelantando el pago de la multa y el coste de abogados. Costes que muchas personas no pueden afrontar dada la situación económica precaria en la que se encuentran.
Todo ello, para que, finalmente, el Ayuntamiento tenga que dedicar más recursos humanos para posteriormente tramitar la devolución de dichas multas, y más recursos económicos despilfarrados, incluyendo, los costes de los letrados del ayuntamiento que tendrán que acudir a juicio, y el pago de las costas de los abogados e intereses tras la sentencia condenatoria al Ayuntamiento, que saldrán del bolsillo de toda la ciudadanía.
