El Ayuntamiento de Vitoria ha exigido una «sanción ejemplar» para el empresario Gonzalo Antón por el derribo de parte del Palacio del Marqués de Foronda, protegido por la Ley de Patrimonio Cultural Vasco en Foronda y donde está proyectada una macro-residencia de mayores. Según ha explicado la concejala de Territorio, Ana Oregi, «así lo tipifica la ley de patrimonio cultural vasco (…) donde se establece cuáles son las infracciones y en este caso establece que esta es una infracción muy grave, que podrá ser multada o penalizada con una multa de hasta un millón de euros».
Esta parcela tiene tres edificios catalogados. El edificio principal, el que ha desaparecido y un tercero, ademas de un espacio verde privado catalogado y al que el plan general también le obliga a una serie de cuestiones.
«La empresa no había pedido licencia para hacer obras sobre el edificio desaparecido. no hay ninguna solicitud de licencia, tampoco había ninguna comunicación de que estuviese en ruina o no estuviese en ruina. No habían hecho ninguna comunicación con el Ayuntamiento» ha señalado Oregi.
La concejala de Territorio, Ana Oregi, ha subrayado que se trata de una «infracción muy grave», ya que el inmueble fue demolido «sin petición de licencia» y ha instado a la Diputación de Álava a iniciar un procedimiento sancionador que en los casos más graves puede alcanzar «el millón de euros».
Según la concejala, el edificio estaba protegido por la Ley de Patrimonio Cultural Vasco y contaba con un muro perimetral muy alto, lo que dificultaba su apreciación desde fuera. Además, el jardín de la parcela también cuenta con una catalogación como «mantenimiento y conservación de zona verde», lo que requiere de una licencia municipal para cualquier tipo de intervención.
La empresa encargada de las obras, liderada por el empresario Gonzalo Antón, no había pedido licencia para hacer obras sobre el edificio desaparecido y no había ninguna comunicación con el Ayuntamiento al respecto. Sin embargo, los promotores sí habían solicitado licencia para rehabilitar el edificio principal y es en el marco de esa solicitud de licencia donde se les requiere que presenten un informe sobre todo el tema.
La concejala ha señalado que se trata de un caso «muy grave».
