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Euskadi enfrenta un sombrío panorama en su batalla contra la pobreza y la exclusión social, a pesar de su envidiable posición en comparación con otras regiones del Estado. La pandemia de COVID-19 ha interrumpido abruptamente su trayectoria positiva.
A pesar de ocupar el segundo lugar en términos de la tasa AROPE, con un índice del 15,7% según datos recientes, Euskadi ha sufrido un duro golpe. Aunque en 2022 registró la renta media más alta por persona, superando en 2.687 € la media nacional, no ha logrado mantener su progreso. La región ha destacado históricamente por tener la menor incidencia de privación material y social severa, afectando solo al 3,7% de la población, pero esto podría estar cambiando. La renta anual en 2022 fue de 16.427 euros, frente a los 13.836 de 2015.
40.000 vascos en riesgo de pobreza
A pesar de haber logrado reducir en un 2,5% la población en riesgo de pobreza y exclusión social desde 2015, los últimos acontecimientos han dificultado el avance hacia los objetivos de la Agenda 2030. Alrededor de 40.000 personas siguen estando en riesgo de pobreza y exclusión social en la CAV.
El papel de las trasferencias
Las transferencias públicas han desempeñado un papel crucial en la contención de la pobreza y la desigualdad en Euskadi. Sin embargo, exceptuando las pensiones, si no existieran estas transferencias, la tasa de pobreza aumentaría en un alarmante 5,2%. Si no hubiera ninguna transferencia pública, incluyendo las pensiones, la población en riesgo de pobreza se multiplicaría por más de tres, afectando a un preocupante 38,9% de la población. Además, la pobreza severa se duplicaría con creces (5,0 puntos) sin las pensiones por jubilación, y aumentaría en un asombroso 25,9 puntos si no se transfirieran pensiones, afectando a casi un tercio de la población de Euskadi (31,1%). Estos datos enfatizan la importancia de las pensiones como mecanismo redistributivo del Estado.