El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en un acuerdo concretado este viernes entre PSE, PNV y EH Bildu, ha decidido avanzar en la solicitud al Gobierno Vasco para la declaración de «zona tensionada» en la ciudad. Esta decisión, que forma parte de una respuesta coordinada a la creciente crisis habitacional, se enmarca dentro de las disposiciones de la Ley de Vivienda aprobada en mayo en el Congreso.
La capital alavesa enfrenta un desafío significativo en su mercado inmobiliario, marcado por una escasez de oferta y un aumento sostenido en los precios de alquiler. La situación ha alcanzado un punto crítico, donde la práctica totalidad del término municipal cumple con los parámetros exigidos por el Ejecutivo autonómico para ser considerado como zona tensionada.
El compromiso adquirido establece que el Ayuntamiento realizará la solicitud formal a lo largo de 2024. Paralelamente, se desarrollará un plan de acción hasta 2027 para intentar revertir la tendencia actual y equilibrar la oferta y la demanda. Este plan implicará la limitación del precio de los alquileres durante tres años, un enfoque que busca aliviar la presión sobre los inquilinos.
El concejal Unai Fernández de Betoño de EH Bildu ha resaltado la importancia de esta medida, afirmando que no se puede dejar al mercado libre para resolver la situación. Por su parte, la concejala del PP, Marta Alaña, ha criticado la ley como «excesivamente intervencionista y populista», señalando un posible efecto adverso de disminución de pisos disponibles para alquiler a largo plazo. Elkarrekin Podemos, aunque se ha abstenido, ha expresado su deseo de un plazo más ambicioso para la implementación de la medida.
El Gobierno Vasco establece dos criterios principales para identificar las zonas tensionadas: un aumento en los precios de alquiler superior al 17% (IPC más tres puntos) en los últimos cinco años, y un costo de alquileres y suministros básicos que superen el 30% de los ingresos medios de las unidades convivenciales.
Una vez que se decida dar el paso, la administración municipal deberá incluir una memoria justificativa y un plan de acción detallado para un período de tres años. Este documento debe incorporar políticas adicionales para aliviar el mercado, tales como incentivos fiscales y la construcción de viviendas sociales.
Los grupos políticos han mostrado diferentes posturas ante este acuerdo. Mientras PSE y PNV consideran razonable un plazo hasta fin de año para la solicitud, con el compromiso de realizarla lo antes posible, Elkarrekin Podemos ha lamentado la falta de un plazo más corto y ambicioso. Por otro lado, el PP ha mostrado su rechazo total a la medida, calificándola de «populista y propagandística».
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