Este lunes comenzó la huelga indefinida en el transporte sanitario subcontratado de Euskadi tras 29 reuniones fallidas con la cooperativa La Pau (gestora de las ambulancias) y 23 jornadas de paros previos, sin avance alguno hacia una resolución. Por su parte, el Gobierno Vasco ha impuesto servicios mínimos del 100% para los servicios urgentes y un 90% para los no urgentes, una medida que Jagoba Udaeta, representante de los trabajadores por parte del sindicato ESK, considera «abusiva» y «sin precedentes».
La empresa subcontratada, según Udaeta, se cierra en banda a ofrecer condiciones de negociación justas, desoyendo demandas fundamentales del sector. La contrapropuesta de un incremento salarial del 2,5% anual durante cinco años que hizo la empresa ha sido rechazada por los sindicatos por considerarla insuficiente. Como objetivos básicos, los trabajadores buscan recuperar un 17% del poder adquisitivo perdido, la homologación de sus condiciones laborales y salariales con el personal de Osakidetza, y mejoras significativas en las condiciones sociales, como la conciliación familiar y días de libre disposición.
El trasfondo de esta lucha reside en la privatización de los servicios de ambulancia en Euskadi desde los años 90, un convenio que caducó el 31 de diciembre de 2021 y una ausencia de incrementos salariales desde entonces. Udaeta denuncia además malas prácticas empresariales, problemas de seguridad y operatividad en las ambulancias, incluido el uso de material caducado y vehículos en mal estado, situaciones que ponen en riesgo tanto a los trabajadores como a los pacientes.
En esta huelga, aproximadamente 1,500 trabajadores de toda la CAV, con especial concentración en Bizkaia y Araba, buscan visibilizar su situación y exigir cambios. Las movilizaciones, que serán planeadas cada 15 días, no solo buscan reivindicar derechos, sino también mejorar la imagen pública del colectivo, a menudo desfavorecida por el discurso empresarial y gubernamental.
Udaeta recalca la insuficiencia de la última propuesta patronal, que incluía una paga del 6% referida a los dos últimos años y un incremento salarial del 3%, además de una reducción de ocho horas en la jornada laboral. Para él, estas medidas no compensan la pérdida del 17% de poder adquisitivo ni se acercan a satisfacer las demandas de homologación con el personal de Osakidetza.
El portavoz de ESK critica la falta de voluntad para abordar integralmente las demandas del sector, que incluyen, pero no se limitan a, licencias, conciliación familiar y carrera profesional. La posición de las empresas y la postura del Gobierno Vasco, en su opinión, reflejan un desinterés por el bienestar de los trabajadores y una subvaloración de su labor esencial en el sistema de salud.
Este conflicto concluye Udaeta, no es solo una lucha por condiciones laborales justas, sino también un llamamiento a la responsabilidad social y al reconocimiento del valor intrínseco del trabajo que realizan los profesionales del transporte sanitario.
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