El juicio por la controvertida gestión de Dimitri Piterman y su vicepresidente, José Nereo, en el Deportivo Alavés entre 2004 y 2007, ha concluido este miércoles en la Audiencia de Álava. El foco ha estado sobre Nereo, quien ha defendido su rol como limitado al manejo cotidiano del club y a informar a Piterman, quien, según él, «hacía y deshacía» sin dejarse asesorar por otros.
Durante la gestión de ambos, el club sufrió un perjuicio económico cifrado en 3.161.968 euros, atribuido a una serie de maniobras financieras ilícitas, incluyendo apropiación indebida de fondos y falsificación contable. La Fiscalía ha solicitado una pena de 7 años de cárcel para Nereo, petición que se incrementa hasta los 9 años por parte de la acusación particular representada por el propio club. Ambas acusaciones imputan a Nereo un delito continuado de apropiación indebida y tres de falsedad contable, a lo que la acusación particular suma un delito societario.
En su defensa, Nereo ha alegado desconocimiento sobre las finanzas y ha negado responsabilidades económicas o decisivas en la gestión del club. Ha destacado su función inicial como personal de seguridad de Piterman y posterior inclusión en el Consejo de Administración más por requisitos formales que por un papel activo en la gestión. Además, ha argumentado que todas las decisiones relevantes recaían exclusivamente en Piterman.
El juicio ha revelado aspectos insólitos de la gestión, como la dificultad para encontrar personal local dispuesto a colaborar con el club bajo la dirección de Piterman, hasta el punto de necesitar importar la mascota del equipo desde fuera de Vitoria.
La defensa de Nereo ha solicitado su absolución, argumentando la falta de pruebas directas de su participación en los delitos imputados y sugiriendo que se le ha buscado como «cabeza de turco» ante la imposibilidad de procesar a Piterman, quien reside en Estados Unidos y no ha comparecido ante la justicia española.
La fiscal ha subrayado la implicación de Nereo en la gestión diaria y su presencia en el Consejo de Administración como evidencia de su participación en las irregularidades financieras, destacando gastos injustificados y facturaciones sospechosas.
El caso ha quedado visto para sentencia.
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