Noticia GasteizBerri.com | Los empleados de la subcontrata que gestiona la atención al público en AMVISA, empresa encargada del manejo de cobros y otros servicios para el cliente, denuncian un deterioro en sus condiciones de trabajo desde agosto de 2023, cuando la empresa tomó control directo de estas funciones. Este cambio ha acabado en un aumento de responsabilidades y una notable sobrecarga laboral «sin la mejora salarial correspondiente», llevando aparte del personal a iniciar litigios contra la empresa, por lo que consideran «una cesión ilegal de trabajadores», es decir, mismas competencias que un trabajador de AMVISA pero sin sus condiciones laborales.
Más trabajo con menos trabajadores
Con la centralización de las gestiones que antes se realizaban en los centros cívicos y el Ayuntamiento, ahora concentradas únicamente en las oficinas de AMVISA, el personal se ha reducido de ocho a seis trabajadores. A pesar de la reducción de plantilla, «las responsabilidades han aumentado» afirman desde el sindicato ELA a GasteizBerri.com.
Los empleados, que están contratados a jornada parcial de 6 horas, se enfrentan a un volumen de trabajo que, según indican, requeriría de una jornada completa. Aseguran que «esto se refleja en los tiempos de espera para los clientes de más de 30 minutos, líneas telefónicas colapsadas y retrasos significativos en la gestión documental».
Desigualdad salarial y procesos judiciales
A pesar de la mayor carga de trabajo, los salarios de los trabajadores de la subcontrata no han sido ajustados. En cambio, según denuncian, «los directivos de AMVISA han recibido aumentos salariales del 25%» para «manejar el incremento de responsabilidades». Además, tres de los seis trabajadores de la subcontrata están en la actualidad en un proceso judicial contra la empresa, alegando «una cesión ilegal de trabajadores, donde se les asignan tareas propias de empleados directos de AMVISA pero sin las condiciones laborales equivalentes».
Reclamaciones del sindicato
El sindicato ELA ha denunciado esta situación ante los tribunales, argumentando que la subcontratación se utiliza para imponer condiciones laborales inferiores y que el único contacto real que tienen los trabajadores con la subcontrata es «el pago del salario».
Los trabajadores están sujetos a un convenio colectivo de oficinas y despachos de Bizkaia que no se ha renovado desde 2012, trabajando 150 horas anuales más de lo que lo harían en jornada completa y con un salario de apenas 1.000 euros mensuales.
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