La Diputación Foral de Álava ha solicitado responsabilidad a los Bomberos Forales ante la huelga convocada por los sindicatos ELA y LAB, que comenzará el 15 de julio y se extenderá hasta el 4 de agosto. Los bomberos han indicado que la huelga podría prolongarse todo el verano si no se negocian soluciones a los «problemas estructurales» que dicen enfrentar.
La institución foral ha expresado su incomprensión ante la convocatoria de huelga fundamentada en la necesidad de aumentar la plantilla, especialmente cuando se reduce el número de efectivos durante el verano, un periodo de alta incidencia de incendios forestales. Durante el proceso de alegaciones, se propusieron servicios mínimos del 100%, pero el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco los fijó finalmente en un 75%.
Los bomberos han pedido que los servicios mínimos se mantengan en los niveles actuales, alegando que la plantilla es insuficiente para garantizar su seguridad y la de la ciudadanía. Han señalado que en emergencias, actualmente solo pueden acudir tres bomberos, cifra que consideran insuficiente. No obstante, la solicitud fue desestimada, y se impusieron servicios mínimos inferiores a los requeridos.
Además de la demanda de un aumento de plantilla, los bomberos denuncian que llevan ocho años sin convenio laboral, siendo el único colectivo en la Comunidad Autónoma Vasca sin condiciones laborales definidas. Esto ha permitido que la Dirección-Gerencia, con el apoyo de la Diputada Jone Berriozabal, tome decisiones unilaterales que consideran perjudiciales.
Críticas a la gestión actual
Los bomberos han solicitado el cese del Director-Gerente, Alberto Amenabar, a quien acusan de incompetencia. Denuncian una mala gestión de la Oferta Pública de Empleo (OPE) y una actitud conflictiva que ha generado enemistad con la mayoría de la plantilla. También han señalado que llevan tres años sin Jefe de Bomberos, lo que ha concentrado todas las decisiones estratégicas y operativas en Amenabar.
La situación se ha agravado con la imposición de una disponibilidad obligatoria para toda la plantilla durante la campaña de verano, sin negociación ni contraprestación. Desde enero, los representantes de los trabajadores habían solicitado información sobre las intenciones del servicio para la campaña, pero no recibieron respuesta. La única comunicación llegó a través de la Diputada Jone Berriozabal, quien afirmó en Juntas Generales que no habría contrataciones adicionales porque el territorio estaba “más preparado que nunca” para enfrentar incendios forestales.
