La Comisión Europea ha mostrado su apoyo a la decisión del Gobierno de España de vetar la opa de Magyar Vagon sobre Talgo, basándose en motivos de «seguridad nacional». Este respaldo se ha conocido hoy, 29 de agosto, durante una comparecencia pública en Bruselas. La portavoz de la Comisión, Francesca Dalboni, ha señalado que la acción del gobierno español se enmarca dentro de las prerrogativas que tienen los Estados miembros para proteger sus intereses de seguridad, tal y como permite la legislación europea.
El Consejo de Ministros de España ha decidido bloquear la oferta de 617 millones de euros presentada por Magyar Vagon, utilizando el decreto ‘anti-opas’, que está en vigor hasta diciembre de este año. Este decreto permite al gobierno vetar cualquier inversión extranjera que supere los 500 millones de euros si se considera que puede amenazar la seguridad nacional. La decisión ha estado respaldada por un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que vincula a la empresa húngara con intereses rusos.
Magyar Vagon, por su parte, no ha tardado en reaccionar y ha anunciado que recurrirá la decisión ante el Tribunal Supremo de España y buscará amparo en la Comisión Europea. La empresa considera que el veto es injustificado y afectará negativamente su expansión en el mercado europeo.
El portavoz jefe comunitario, Eric Mamer, ha recordado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene la última palabra en caso de que una empresa se sienta perjudicada por decisiones de este tipo. Asimismo, ha subrayado que la Comisión Europea no ha llevado a cabo un análisis jurídico de fondo sobre este caso, limitándose a reconocer la competencia de los Estados miembros para tomar medidas en cuestiones de seguridad.
El veto de la operación, que Talgo veía como una oportunidad para fortalecer su capacidad productiva ante una cartera de pedidos de 4.000 millones de euros, fue decidido tras una reunión extraordinaria de la Junta de Inversiones Extranjeras (Jinvex). Este órgano, dependiente del Ministerio de Economía, emitió un informe negativo que resultó crucial para la decisión del Consejo de Ministros.
