La plataforma ciudadana Zadorra Bizirik ha denunciado que, a pesar de las prórrogas otorgadas para cumplir con los estándares de la Directiva Marco del Agua (DMA), el 65% de las masas de agua en Álava no han alcanzado el buen estado global requerido. A más de una década del límite inicial fijado en 2015, el estado de los ríos sigue siendo alarmante, lo que preocupa a ecologistas y ciudadanos.
Los datos: cuencas y calidad de agua en declive
El territorio alavés cuenta con una red de 733 kilómetros de ríos, distribuidos en 10 cuencas hidrográficas como las de Zadorra, Ibaizabal, Ega, entre otras, que en conjunto abarcan 46 masas de agua, la unidad de gestión y evaluación establecida por la DMA de 2000. De estas 46 masas de agua, el 65% no ha logrado cumplir los objetivos de calidad ambiental establecidos, a pesar de las prórrogas de 12 años concedidas para que España alcanzara el estado ecológico deseado en 2015.
Según Zadorra Bizirik, de las masas de agua que no cumplen los estándares, un 80% ya debería haber alcanzado los objetivos ambientales para 2015, mientras que el 20% tiene como horizonte el año 2027. Sin embargo, el progreso parece insuficiente para llegar a la meta en el plazo restante.
Impacto en la fauna y las zonas húmedas
En estos 25 años desde la entrada en vigor de la DMA, si bien ha habido avances en la calidad química del agua, especialmente gracias a la mejora de las depuradoras para reducir vertidos humanos, la recuperación de la fauna y la vegetación de ribera sigue siendo escasa. A esto se suma el deterioro de las zonas húmedas, como lagos y humedales, así como la contaminación por nitratos en los acuíferos.
Zadorra Bizirik subraya la urgencia de adoptar una gestión hídrica coordinada y eficaz, especialmente en el contexto de la emergencia climática, que aumenta el riesgo de sequías e inundaciones en el territorio.
«La gestión hídrica de Álava no puede continuar así, resulta necesario y urgente actuar de manera coordinada y decidida», han declarado desde Zadorra Bizirik. La plataforma se compromete a fiscalizar la situación y a colaborar con las administraciones y ciudadanía en la atención de los vertidos e impactos que sufren los ríos.
