El debate por el uso cultural de la Catedral de Santa María de Vitoria sigue encendido tras la negativa inicial de la Diócesis a permitir el rodaje de una escena de la película Sacamantecas. En un extenso comunicado, el Obispado justifica su decisión apoyándose en criterios religiosos, pero no deja espacio para un cambio de postura, mientras acusa a las administraciones de actuar de forma unilateral. Esta respuesta no ha hecho más que alimentar las críticas de quienes consideran que la Iglesia ignora el importante papel que los espacios financiados con dinero público deben jugar en beneficio de la ciudadanía.
Los argumentos del Obispado, en el centro de la polémica
- Derecho exclusivo y marco legal: El Obispado se escuda en el canon 1210 del Derecho Canónico para mantener su control absoluto sobre los templos, recordando que solo la Diócesis puede decidir los usos culturales de estos espacios.
- Colaboración cultural limitada: Aunque destaca que en el pasado se han autorizado rodajes y eventos en templos, el Obispado deja claro que estos deben ajustarse estrictamente a su interpretación de lo que es compatible con la santidad de los espacios.
- Críticas a las instituciones: La Diócesis acusa a las administraciones locales de intentar “imponer” rodajes y de recortar los presupuestos destinados a la restauración del patrimonio, presentándose como víctima de estas decisiones.
- Gestión de la Catedral de Santa María: A pesar de la inversión pública de 50 millones de euros a través de la Fundación, la Diócesis sigue ejerciendo un control absoluto sobre el uso del templo, ignorando las demandas de mayor apertura por parte de las instituciones y la ciudadanía.
¿Diálogo o imposición?
El Obispado asegura en su comunicado que mantiene una “comunicación cordial” con las administraciones y que siempre busca consensos. Sin embargo, sus críticas hacia la alcaldesa Maider Etxebarria y el diputado general Ramiro González, a quienes acusa de falta de diálogo, contradicen esta afirmación. Desde las instituciones, por su parte, se insiste en que la negativa al rodaje de Sacamantecas refleja una postura inflexible que no tiene en cuenta el potencial cultural, económico y turístico de estos espacios.
El control absoluto que ejerce la Diócesis, incluso en casos como el de la Catedral de Santa María, donde las aportaciones públicas han sido determinantes, pone en entredicho su disposición al diálogo. Para muchos, resulta difícil entender por qué un templo que recibe millones de euros del erario no puede tener un uso cultural más abierto y accesible para la ciudadanía.
El papel del dinero público en el patrimonio religioso
Uno de los puntos más controvertidos del comunicado es la mención a los presupuestos destinados a la restauración del patrimonio religioso. La Diócesis agradece las aportaciones públicas, pero las califica de insuficientes, llegando a reclamar “ciertos derechos presupuestarios” en base al peso del cristianismo en la sociedad. Este argumento, en un contexto en el que la inversión en la Catedral de Santa María se ha utilizado como justificación para limitar el culto diario en favor del turismo, no parece convencer a quienes defienden un modelo de gestión más transparente y compartido.
Además, el Obispado destaca que, en casos donde no ha considerado adecuados ciertos usos culturales, ha ofrecido alternativas en otros espacios religiosos. Sin embargo, no detalla por qué estas alternativas no son siempre viables ni cómo se valora la compatibilidad de las propuestas con los templos.
