Opinión
Un aniversario marcado por la precariedad
Mientras el Diario de Noticias de Álava celebraba su vigésimo aniversario, un hecho incómodo eclipsaba la fiesta: las precarias condiciones laborales de su plantilla. Los trabajadores llevan más de una década reivindicando un convenio colectivo digno. Con salarios congelados desde 2012, y tras una reducción previa del 6%, la plantilla ha intensificado sus acciones, activando una huelga de firmas casi total de sus redactores y una campaña en redes sociales gestionada de manera externa al medio oficial.
La paradoja es evidente: un medio que se ha consolidado como voz y vanguardia de Álava, como un caso de éxito empresarial, mantiene a sus trabajadores en condiciones que ellos mismos califican de «insostenibles».
Salarios congelados y responsabilidades sin compensación
Los redactores del periódico apenas alcanzan un salario de 1.300 euros en 14 pagas, situándose en el mínimo estipulado por el convenio del sector de prensa. A esto se suma la ausencia de pagos de complementos salariales obligatorios y la asunción de responsabilidades superiores sin ninguna compensación económica. Además, la falta de personal ha provocado una sobrecarga de trabajo, exacerbando la precariedad laboral. Un trabajador, que prefiere mantener el anonimato, describe su situación: «Nos exigen ser polivalentes, asumir tareas que van más allá de nuestras competencias, pero nuestros sueldos no reflejan ese esfuerzo adicional. Es frustrante».
Éxito empresarial, ¿ a costa de los trabajadores?
El Diario de Noticias de Álava ocupa una posición destacada en el panorama mediático local, con una audiencia digital sólida, una base de anunciantes privados y siendo el segundo medio que más fondos públicos recibe en forma de publicidad institucional en Álava. Sin embargo, mientras la empresa registra buenos resultados económicos, sus trabajadores luchan por cubrir sus necesidades básicas. Uno de los portavoces de la plantilla denuncia: «Es inadmisible que los directivos se den banquetes en los restaurantes más caros de Vitoria-Gasteiz mientras nosotros tenemos que buscar maneras de llegar a fin de mes».
El papel de las instituciones: fondos públicos y responsabilidad social
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz destinó 420.000 euros durante el año 2023 en publicidad institucional. Esta cantidad incluye la estrategia denominada «Ventana informativa», que destaca semanalmente las principales actividades en la mayoría de los medios de comunicación de la capital alavesa.
En 2023, se pagaron 70 cuñas de radio de lunes a viernes y publicaciones en prensa tanto en papel como digital. Los temas abordados en las campañas de la «Ventana informativa» incluyen desde la limpieza urbana y la actividad cultural hasta los servicios sociales, pasando por la promoción de eventos significativos como el Umbra Light Festival o el Tour, y campañas de sensibilización sobre salud y convivencia.
En términos de inversión publicitaria, El Correo lidera la lista con 141.085,09 euros (91.924,91 euros para la edición en papel y 49.160,18 euros para la versión web). Le sigue Noticias de Álava con 54.254,59 euros (36.384,7 euros para la edición en papel y 17.869,89 euros para la versión web), Cadena Ser Vitoria con 43.543,18 euros y Radio Vitoria con 32.287,04 euros.
Otros medios como Onda Cero y Cope recibieron entre 18.740,13 y 13.390,03 euros, respectivamente. La lista continúa con Onda Vasca, Cadena 100, GasteizHoy, Radio Gorbea, eldiario.es Euskadi, ALEA, y varios más, incluyendo Kiss FM, ARGIA, EITB y Aux Magazine.
Marco legal y supervisión
La Ley 6/2010 de Publicidad y Comunicación Institucional de Euskadi establece dos criterios principales para la asignación de recursos publicitarios: la selección de la «oferta económicamente más ventajosa» y la búsqueda de «eficacia y eficiencia» en las campañas. Además, los aspectos técnicos considerados incluyen la difusión y audiencia del medio, la afinidad con el público objetivo, la rentabilidad de la inversión publicitaria y la planificación según objetivos y grupos de población destinatarios.
Publicidad institucional: un reparto desigual
Un análisis publicado en ARGIA y actualizado por El Salto Diario revela que entre 2018 y 2022, el 93% de la inversión en publicidad institucional del Gobierno Vasco fue destinada a medios en castellano o mayoritariamente en castellano, mientras que los medios en euskara recibieron solo el 7%. Este reparto desigual perpetúa la precariedad de ciertos medios y fomenta la concentración de recursos en grandes grupos mediáticos. Además, la falta de transparencia en los criterios de distribución y la ausencia de un organismo independiente para supervisar el proceso agudizan el problema.
Resulta cuestionable que, si la ley exige que la publicidad institucional se decida bajo criterios de «eficiencia» y «eficacia», se destine más presupuesto a medios escritos en papel, cuya penetración es notablemente inferior a la de Internet.
Según los datos del CIES de audiencia general en Euskadi para el período 2023/2024, Internet alcanza una penetración del 95% en las franjas de edad de 14 a 44 años y del 90% entre los 45 y 64 años, mientras que los diarios en papel apenas logran un 10% entre los jóvenes de 14 a 24 años y un 30% en la población de 45 a 64 años. Este desajuste genera preguntas sobre la verdadera eficiencia del gasto público y la necesidad de revisar los criterios de asignación para alinearlos con los hábitos de consumo actuales.
Cláusulas sociales: una herramienta clave
Las administraciones públicas tienen efectivamente la capacidad de incluir cláusulas sociales en la contratación pública, como se establece en la legislación actual. La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) permite desarrollar una política de contratación con carácter social para promover condiciones laborales justas y sostenibles. Las cláusulas sociales se definen como «la inclusión de ciertos criterios en los procesos de contratación pública, en virtud de los cuales se incorporan al contrato aspectos de política social como requisito previo, elemento de valoración o como obligación».
Entre las medidas específicas que pueden establecerse destacan:
- Garantizar la paridad salarial entre hombres y mujeres.
- Asegurar la prevención de riesgos laborales.
- Regular la subrogación contractual.
La introducción de estas cláusulas no solo es una herramienta rentable económica y socialmente, sino que también constituye un cambio en la concepción de las políticas sociales y de la contratación pública. Esta capacidad está respaldada por el artículo 40 de la Constitución Española, que establece que «los poderes públicos promoverán las condiciones para el progreso social y económico y para una distribución de la renta personal más equitativa».
Es imprescindible que figuras públicas como la alcaldesa Maider Etxebarria y el diputado general de Álava, Ramiro González, reclamen unas condiciones laborales dignas para los trabajadores del Diario de Noticias de Álava. Del mismo modo que ambos pusieron el grito en el cielo por la negativa del obispado a rodar «El Sacamantecas» en la Catedral de Santa María, aludiendo a la importancia de preservar espacios que han contado con ayuda pública, deberían exigir que un medio beneficiado por fondos públicos garantice el bienestar de su plantilla. Este doble rasero resulta insostenible.
Periodismo de calidad bajo amenaza
Pero es que el problema va más allá. Mientras una redacción disminuida reclama poder llegar a fin de mes tras una pancarta en la oscuridad y el frio y sus directivos celebran junto a la cúpula política y social 20 años de servicio periodístico algo mas allá de la salud de los trabajadores se está poniendo en juego, y en peligro.
La precariedad laboral afecta directamente la calidad periodística. La sobrecarga de trabajo y la inestabilidad económica dificultan la elaboración de reportajes rigurosos y profundos. A largo plazo, esta situación pone en riesgo el derecho de la ciudadanía a una información veraz y de calidad.
Conclusión: La responsabilidad ineludible de las instituciones públicas
La situación del Diario de Noticias de Álava refleja una problemática estructural en el sector mediático: unas condiciones laborales denigrantes, acuciadas por un mercado laboral en el que la demanda supera con creces a la oferta, un producto devaluado por la multiplicación de los medios y la pérdida de confianza en la prensa.
Por ello, es más importante que nunca la necesidad de un compromiso firme por parte de las instituciones para proteger los derechos laborales y fomentar un periodismo de calidad.
Por ello, ha llegado el momento para introducir en el cuarto poder un compromiso firme por parte de las instituciones para proteger los derechos laborales. Medidas como cláusulas sociales en la contratación pública podrían transformar el modelo actual, garantizando condiciones dignas para los trabajadores y fortaleciendo el periodismo de calidad como pilar fundamental de la democracia.
Está por ver si, o bien a través de las contrataciones que realiza Avante (empresa que se encarga de distribuir la publicidad institucional del ayuntamiento de Vitoria) o bien en declaraciones de la alcaldesa en rueda de prensa, los trabajadores de Noticias de Álava recibirán de nuestras instituciones el apoyo que merecen. O si a su directiva le importará, o no, un comino, las condiciones laborales de sus propios trabajadores.
