El Gobierno de España ha cerrado este jueves la puerta a que el teletrabajo pase a ser obligatorio como respuesta a la crisis energética. La negativa ha llegado después de que desde Bruselas se plantee recomendar al menos un día semanal de trabajo a distancia, una idea que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no está dispuesto a asumir en esos términos.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido la primera en marcar esa posición. Ha dejado claro que no comparte que se obligue a implantar el teletrabajo y ha defendido que esa fórmula siga dependiendo del acuerdo entre empresa y trabajador, como ocurre ahora en España.
Poco después, el mensaje se ha repetido en otras voces del Gobierno. El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha insistido en que el teletrabajo ya forma parte de la organización laboral de muchas empresas y administraciones, pero ha subrayado que debe mantenerse como una opción voluntaria. La ministra portavoz, Elma Saiz, también ha pedido cautela y ha evitado avalar cualquier cambio antes de que la Comisión Europea presente su propuesta formal.
Lo que deja esta reacción es una respuesta política clara. Moncloa no quiere que una medida planteada desde la Unión Europea acabe trasladándose a España como una obligación general. El Ejecutivo acepta el teletrabajo como herramienta, pero rechaza que pueda imponerse de forma automática en nombre del ahorro energético.
El choque está, por tanto, en el carácter de la medida. Mientras Bruselas estudia fórmulas extraordinarias para recortar consumo en plena tensión sobre los precios de la energía, el Gobierno español se aferra al modelo vigente y defiende que el trabajo a distancia no puede dejar de ser una decisión pactada.