El movimiento Pensionistak Araba ha recogido ya 90.000 firmas para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que exige que las pensiones mínimas en Euskadi se equiparen al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La recogida de firmas continuará hasta el 15 de mayo, con el objetivo de alcanzar las 150.000 firmas y demostrar el amplio respaldo social a esta reivindicación.
La propuesta, que se presentará en el Parlamento Vasco, busca mejorar la situación de miles de pensionistas que viven con ingresos por debajo de los 1.100 euros mensuales, una cifra insuficiente para hacer frente a los gastos básicos.
Un movimiento en lucha por la dignidad
Iñaki Martín, portavoz de Pensionistak Araba, explica que la ILP es un derecho recogido en la legislación vasca que permite a la ciudadanía proponer leyes a través de la recogida de firmas. Para que la iniciativa llegue al Parlamento, se necesitan al menos 10.000 firmas válidas, aunque el movimiento aspira a superar con creces esa cifra para presionar a los partidos políticos.
«No queremos limitarnos a las 10.000 firmas. Ya llevamos 90.000 y queremos recoger muchas más, porque cuantas más firmas tengamos, mayor será la presión sobre el Gobierno Vasco y los grupos parlamentarios», señala Martín.
El portavoz del colectivo insiste en la necesidad de garantizar unas pensiones dignas: «El 60% de los pensionistas en Euskadi cobran menos de 1.100 euros, y el 80% de ellos son mujeres. Son cifras insoportables en una sociedad que presume de bienestar».
Según los datos recogidos por Pensionistak Araba, muchas mujeres han trabajado toda su vida en el ámbito doméstico sin cotizar, o lo han hecho en empleos precarios sin los derechos laborales suficientes para garantizarles una pensión digna. «Las pensiones de viudedad rondan los 600 euros, las no contributivas apenas alcanzan los 580 euros. ¿Cómo se puede vivir con eso?», se pregunta Martín.
El colectivo reclama que las pensiones mínimas se equiparen al SMI, permitiendo así que las personas mayores puedan cubrir sus necesidades básicas sin depender de ayudas adicionales. «No estamos pidiendo lujos, estamos pidiendo dignidad. No puede ser que el colectivo que ha levantado este país tenga que vivir con una pensión de miseria», denuncia.
El bloqueo del Ayuntamiento de Vitoria
A pesar del éxito en la recogida de firmas, la campaña se ha encontrado con obstáculos administrativos en Vitoria-Gasteiz. Según Martín, la ley obliga a los ayuntamientos a facilitar la recogida de firmas para una ILP, permitiendo su difusión en la web municipal y habilitando espacios para que la ciudadanía pueda firmar.
Sin embargo, en Vitoria el Ayuntamiento se negó inicialmente a cumplir con esta obligación, impidiendo a los pensionistas instalar mesas en los centros cívicos y en los BIZAN, los centros municipales de mayores.
«Nos dijeron que los centros cívicos no están para esto, que no tienen por qué facilitarlo. Pero la ley es clara: los ayuntamientos tienen que colaborar y permitir la recogida de firmas», denuncia Martín.
Ante esta negativa, Pensionistak Araba llevó el caso a los tribunales, denunciando al Ayuntamiento por posible prevaricación. «El Ayuntamiento de Vitoria ha sido el único de Euskadi que ha puesto trabas. En Bilbao y Donostia nos han facilitado todo tipo de medios para recoger firmas, pero aquí han hecho lo imposible por dificultarlo», critica.
Tras la denuncia, el Ayuntamiento ha rectificado parcialmente y ahora permite que la ILP sea anunciada en su web municipal. Sin embargo, los pensionistas siguen sin poder recoger firmas en los BIZAN, lo que consideran un agravio.
«No queremos que nos apoyen, solo queremos que cumplan la ley y nos dejen recoger firmas en los lugares donde están los pensionistas, que son los más afectados por esta propuesta», afirma Martín.
El colectivo ha solicitado un turno popular en el pleno municipal para que el concejal de Asuntos Sociales dé explicaciones sobre la negativa del Ayuntamiento a colaborar con la iniciativa.
Objetivo: superar las 150.000 firmas
A pesar de los obstáculos, Pensionistak Araba sigue adelante con la recogida de firmas y anima a la ciudadanía a sumarse a la causa. Todos los lunes, los pensionistas se concentran en la Plaza Nueva para recoger firmas y visibilizar su lucha. Además, instalan mesas informativas dos veces por semana en distintos puntos de la ciudad.
«Cuando nos veáis con petos rojos y mesas, acercaros y firmad. Es una cuestión de justicia social. Lo que estamos pidiendo es un derecho básico», insiste Martín.
La campaña seguirá activa hasta mayo y, una vez presentadas las firmas, el Gobierno Vasco deberá emitir un informe sobre la viabilidad de la propuesta antes de que sea debatida en el Parlamento.
«Si hay dinero para otras partidas, como el gasto militar, no hay excusa para no garantizar unas pensiones dignas», concluye Martín.
Los pensionistas que están por debajo del SMI tienen derecho a solicitar un complemento de la RGI. Eso sí, siempre y cuando no tengan un patrimonio abultado.
En Euskadi 13.000 pensionistas lo cobran. Según los cálculos de la esta plataforma, ellos quieren que 180.000 pensionistas cobren ese complemento. ¿Porqué no solicitan la RGI y ya está? Todas esas personas no acceden a la RGI porque no cumplen requisitos, y por eso, piden un complemento a parte solo para ellos pagados por todos.
Es decir, lo que piden aquí es que se les dé un complemento indiferentemente de su patrimonio, por lo tanto, eso no es justicia social, es puro abuso y avaricia. No es justo que le demos más dinero a alguien que no ha cotizado, y que encima tiene varios pisos.