Tras 130 días de huelga indefinida, las trabajadoras de atención al cliente de AMVISA han logrado un acuerdo que mejora todas sus condiciones laborales. El sindicato ELA ha firmado el pacto que pone fin a un conflicto que estalló el pasado 18 de noviembre y que ha visibilizado la precariedad que denunciaban las cinco personas que componen la plantilla del servicio.
Un acuerdo que recoge todas las reivindicaciones
Entre los avances más destacados se encuentra un incremento salarial del 19% para 2025, que supone pasar de los 19.300 euros anuales a los 23.000. También se amplía la jornada laboral: de 6 a 7 horas diarias, lo que transforma los contratos del 75% al 93,33%. Este cambio, según ELA, “permitirá dar un mejor servicio a la ciudadanía”.
El acuerdo garantiza además el derecho de subrogación, lo que significa que se mantendrán tanto los puestos de trabajo como sus condiciones ante futuras adjudicaciones, asegurando la estabilidad de la plantilla.
Otra de las mejoras acordadas es la complementación de todas las bajas por incapacidad temporal hasta el 100% del salario. Además, se establece que los pluses pasarán a ser no absorbibles, y se crea una nueva estructura de nómina. Hasta ahora, se les aplicaba el convenio de Oficinas y Despachos, sin vigencia desde 2010. Con el nuevo acuerdo, se les aplicará el Convenio sectorial de Aguas.
También se han definido criterios para la negociación del calendario laboral y el disfrute de vacaciones anuales, una demanda clave del colectivo que venía denunciando una creciente carga de trabajo sin mejoras contractuales.
ELA ha subrayado que estos avances “no hubieran sido posibles sin haber llevado a cabo la huelga indefinida”. Además, el sindicato ha señalado que la caja de resistencia fue “imprescindible” para sostener el paro durante cuatro meses.
Desde el sindicato reiteran su compromiso de seguir luchando “para acabar con la precariedad y para lograr un mejor servicio público”.
Este acuerdo supone un giro en una situación que había escalado durante meses, en medio de denuncias de cesión ilegal de trabajadores, reducción de personal, sobrecarga laboral y medidas del Ayuntamiento como la contratación de seguridad privada para atender a los usuarios durante la huelga, hechos que fueron duramente criticados por las trabajadoras y el sindicato.
