Tras el incendio registrado la semana pasada en la planta de reciclaje de Obras Públicas Onaindia en la calle Artapadura, el grupo municipal Elkarrekin ha hecho públicas sus dudas sobre la legalidad de la actividad desarrollada por la empresa. La formación asegura que, a partir de la documentación revisada, existen indicios de que la planta podría haber estado operando sin contar con la autorización municipal en regla.
Un expediente con antecedentes
Según Elkarrekin, la actividad de la planta arrastra irregularidades desde antes de obtener su licencia. En 2019, antes de la concesión oficial, la empresa fue sancionada con 1.200 euros por iniciar parte de su actividad sin tener aún todos los permisos necesarios. La licencia de actividad fue finalmente otorgada en noviembre de 2020, y el inicio oficial se notificó en abril de 2021.
No obstante, una inspección municipal realizada el 8 de junio de 2021 detectó que las condiciones en las que se ejercía la actividad no coincidían con lo autorizado. El informe, calificado como “desfavorable”, recogía entre otras cosas que la trituración de materiales se estaba haciendo en el exterior del pabellón —cuando debía realizarse en el interior—, que se habían instalado elementos no previstos como una báscula con caseta, y que no se habían cumplido varias medidas correctoras exigidas, como la instalación de un sistema de control del polvo o la disposición de sanitarios químicos.
El informe también señalaba que el almacén de residuos peligrosos no estaba debidamente vallado, y que en el pabellón se estaban almacenando materiales que, según la memoria técnica, debían permanecer al aire libre.
La ampliación de licencia nunca se aprobó
Tras estos requerimientos, en diciembre de 2021 la empresa presentó una solicitud para ampliar la licencia de actividad. Entre otros cambios, se pretendía tratar una mayor cantidad de residuos y añadir nuevos tipos no peligrosos.
Durante la tramitación de ese expediente, tanto el Departamento Municipal de Medio Ambiente como el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (SPEIS) emitieron informes negativos. Los informes advertían de importantes deficiencias en la protección contra incendios, como la falta de rociadores automáticos, la ausencia de justificación sobre los materiales de revestimiento, problemas con los recorridos de evacuación y carencias en la señalización.
En marzo de 2023, el Ayuntamiento denegó formalmente la solicitud de ampliación. Según Elkarrekin, esa decisión se sustentó en la falta de respuesta adecuada por parte de la empresa a los requerimientos municipales. A partir de entonces, no se volvió a tramitar ninguna nueva autorización a nivel municipal.
Dudas sin resolver y petición de explicaciones
En rueda de prensa, el concejal de Elkarrekin, Óscar Fernández, ha menifestado que su grupo trasladará el caso a la próxima Comisión de Medio Ambiente. “El Gobierno debe dar explicaciones sobre cómo es posible que la empresa Onaindia haya estado desarrollando su actividad sin la autorización correspondiente en regla, como parece reflejarse en los expedientes consultados por nuestra formación”, ha señalado.
El grupo insiste en que no se trata de establecer vínculos directos entre el incendio y la falta de autorización, pero sí de aclarar si estas circunstancias pudieron influir. “Queremos saber si se ha seguido desarrollando la actividad fuera del marco legal”, ha afirmado Fernández.
Expediente archivado
Otro de los elementos que ha generado sorpresa en Elkarrekin es que el expediente municipal fue finalmente archivado, pese a que no consta que se hayan subsanado todas las deficiencias señaladas. “Días o semanas antes de la denegación de la ampliación, la última información es que se archivaba cualquier procedimiento sancionador. Por acumulación de expedientes. Eso es un tema que a nosotras nos sorprende”, ah expresado el concejal.
Además, desde la denegación en 2023, Elkarrekin señala que no se ha vuelto a retomar el seguimiento del caso por parte del gobierno local. Tampoco se conoce públicamente si la empresa ha corregido los problemas advertidos por los técnicos municipales.
Recurso a la vía autonómica
La única información confirmada tras la negativa municipal es que la empresa decidió recurrir al Órgano Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco para solicitar una autorización ambiental única. A día de hoy, se desconoce si esa solicitud ha sido aceptada, si está en tramitación o si se han resuelto las deficiencias señaladas.
“Elkarrekin no tiene constancia de que esas irregularidades hayan sido subsanadas ni de si se ha obtenido finalmente autorización por otras vías. Por eso pediremos respuestas claras en la próxima comisión”, ha concluido Fernández
