La Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha dado luz verde a la integración de la Academia de Folklore en la escuela municipal de música Luis Aramburu. La medida, respaldada por todos los grupos municipales excepto Elkarrekin, que se ha abstenido, supone un paso importante hacia una reorganización de la enseñanza musical en la ciudad. Sin embargo, la decisión no llega exenta de controversia.
Uno de los puntos que más críticas ha generado es la posibilidad de que esta fusión implique un fuerte incremento en las cuotas para el alumnado. Según han denunciado EH Bildu y Elkarrekin, los precios podrían llegar a subir hasta un 147 %. En cifras concretas, el coste anual por estudiante podría pasar de 162 euros a cerca de 400, una subida que ambos grupos consideran injustificada.
Desde el gobierno municipal se ha reconocido que ese aumento es una posibilidad real, aunque no la única. Las tarifas, han recordado, están sujetas al debate de las ordenanzas fiscales, lo que implica que su aprobación dependerá del proceso presupuestario. En este sentido, se ha señalado que cualquier ajuste deberá hacerse de forma progresiva.
La concejala de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera, ha admitido que los precios “deberían ir progresivamente asemejándose”. En su intervención, ha planteado una reflexión: “¿O es que aprender a tocar la alboka tiene menos calidad que aprender a tocar un violín, por ejemplo?”. Con ello, ha defendido la equiparación entre disciplinas musicales y la necesidad de revalorizar los estudios tradicionales.
En cualquier caso, las tarifas actuales se mantendrán para el curso 2025-2026. El consistorio ha subrayado que la reorganización también permitirá un aumento en la financiación por parte del Gobierno Vasco, lo que contribuirá a sostener económicamente el nuevo modelo.
A pesar de ello, desde EH Bildu y Elkarrekin se ha insistido en que existe una clara previsión de subida. “Aquí hay intencionalidad. Aquí se ve que se prevé. La subida, con cautela, sí, pero subida”, han señalado. Las dos formaciones han cuestionado que se justifique un incremento de más del 100 % sin cambios en la oferta educativa. “Mayor perjuicio que te suban la cuota un 147 % para ofrecerte el mismo servicio, pues no se nos ocurre”, han afirmado.
El debate queda ahora en manos del próximo ciclo presupuestario, donde las ordenanzas fiscales marcarán el rumbo.
