La Hacienda alavesa ha puesto bajo la lupa a varias estaciones de servicio del territorio tras detectar movimientos de carburantes que han encendido todas las alarmas. En concreto, se han identificado operaciones con proveedores no habituales, un patrón que, en términos fiscales, suele ser sinónimo de sospecha.
Sin embargo, hay un obstáculo difícil de sortear. Esos proveedores no tienen domicilio fiscal en Álava, lo que deja sin margen de actuación a la administración foral. Aunque se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo del sector en busca de indicios de fraude, la propia estructura fiscal impide avanzar más allá. La competencia para investigar, regularizar o sancionar este tipo de prácticas recae en otras haciendas.
Desde el departamento de Hacienda se ha asumido la limitación. Se ha señalado que, aunque se haya detectado una operativa atípica en algunas estaciones, la posibilidad de actuar se diluye al no tener competencia sobre los contribuyentes implicados. Ni se puede investigar en profundidad, ni reclamar cantidades, ni derivar responsabilidades.
Este escenario no es nuevo. En territorios donde coexisten varias haciendas, la lucha contra el fraude fiscal se complica cuando los contribuyentes se mueven entre jurisdicciones. Aun así, desde Álava se insiste en la necesidad de mantener la vigilancia, incluso cuando los instrumentos legales resulten insuficientes.
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