El Gobierno de Vitoria-Gasteiz ha hecho este miercoles su primera autocrítica pública tras el presunto asesinato de Kerman Villate, ocurrido en febrero de 2025 en la discoteca Mitika. Ha sido durante una sesión de la comisión de Seguridad en la que han intervenido por primera vez los propios padres del joven, Arantza Beitia y Roberto Villate, para exigir justicia, sanciones a las empresas implicadas y responsabilidades por parte de la propia institución.
En su intervención, han trasladado la petición de abrir expedientes sancionadores a las empresas LeBasque y Explotaciones Hosteleras Niecor S.L., y la puesta en marcha de una investigación interna que determine qué falló dentro del propio Consistorio.
“Hoy, en nombre de las familias Beitia y Villate, os pedimos que se apliquen sanciones contra las dos empresas implicadas en el asesinato de Kerman”, ha expresado su madre al inicio de la comparecencia. Ha sido una intervención cargada de firmeza, dolor y exigencia. “Nos está resultando muy difícil sobrellevar el dolor infinito que nos ha dejado la muerte de Kerman”, ha dicho. “Pero nuestro duelo se ha hecho todavía más difícil y doloroso por el trato recibido por parte del Gobierno municipal”.
Han recordado que su hijo era trabajador del propio Ayuntamiento, y que fue asesinado en un local sujeto a responsabilidad municipal. “Sin embargo, la Alcaldía no se puso en contacto con la familia. Desde el principio intentaron minimizar la gravedad del crimen y poner trabas a su investigación”.
“La muerte de Kerman no fue un accidente, fue un crimen atroz”
La familia ha insistido en que la agresión que acabó con la vida de su hijo no fue un hecho aislado, sino el desenlace de una situación que llevaba tiempo enquistada. “No hablamos de casos aislados. Se trata de conductas reiteradas, con antecedentes que se remontan al menos al año 2022, y que ya han dado lugar a sentencias condenatorias”, han afirmado.
Según han explicado, varios porteros participaron en la agresión. Le negaron la entrada sin justificación, lo separaron de sus amigos, lo condujeron a una zona sin videovigilancia y lo agredieron de forma “tan brutal” que le causaron la muerte. Han denunciado que existía constancia documental de estos comportamientos y que, aun así, ni las empresas ni el Ayuntamiento adoptaron medidas preventivas.
“Si cualquiera de las personas con responsabilidad —ya fuera en las empresas o en las instituciones encargadas de supervisarlas— hubiera actuado con la debida diligencia, esta tragedia no se hubiera producido”, ha recalcado su padre.
Han lamentado también que haya sido la familia quien haya tenido que iniciar el camino hacia la verdad, revisando documentación y pidiendo explicaciones. “Durante estos cuatro meses hemos recibido negativas, obstáculos e incluso mentiras”, han dicho. No obstante, han reconocido que en los últimos días han notado un cambio de actitud por parte del Gobierno municipal. “Veremos en qué se traducen esas intenciones”, han puntualizado.
Y han añadido una última exigencia: “Queremos que este Ayuntamiento reconozca públicamente los errores cometidos, y asuma las responsabilidades institucionales por las omisiones detectadas”.
Primeras autocríticas públicas desde febrero
Por primera vez desde que ocurrieron los hechos, el Ayuntamiento ha reconocido públicamente errores en su gestión del caso. El concejal de Seguridad Ciudadana, César Fernández de Landa (PNV), ha comenzado su intervención expresando su “más sincero pesar por la pérdida de Kerman. Lamentamos profundamente el dolor que esta tragedia ha causado en vuestra familia y personas cercanas”.
Fernández de Landa ha admitido que el trato institucional no ha estado a la altura, y ha pedido disculpas públicas: “Si en alguna ocasión no os habéis sentido suficientemente apoyados o respaldados por este Ayuntamiento, quiero pediros disculpas de manera pública”. Un gesto que la familia llevaba reclamando desde hace meses, y que hasta hoy no se había producido en ningún foro oficial.
Además, ha anunciado que el Departamento de Seguridad ha enviado a Alcaldía un informe con todas las intervenciones que la Policía Local ha llevado a cabo en la discoteca Mitika en los últimos años. Ese informe, junto con otro del Departamento de Medio Ambiente, ha sido trasladado ya a la Dirección de Juegos y Espectáculos del Gobierno Vasco con el objetivo de que se pueda iniciar un expediente sancionador.
“El Gobierno Vasco me ha transmitido su total colaboración y disposición para llevar a cabo cuantas actuaciones sean necesarias”, ha asegurado Fernández de Landa. También ha confirmado que el expediente disciplinario interno se abrió el pasado 25 de marzo, tras un informe técnico, y que actualmente se encuentra en fase de información previa. “Se depurarán todas las responsabilidades en función del resultado”, ha subrayado.
Petición de investigación interna y asunción de responsabilidades
Roberto Villate ha querido remarcar ante la comisión que, además de las sanciones solicitadas, la familia considera prioritaria la investigación interna. “Se tienen que identificar los errores si queremos corregirlos. Esta institución ha tenido errores muy graves que han determinado que la escalada de violencia de estas personas haya ido a más”, ha advertido.
Ha recordado que los comportamientos violentos por parte de algunos porteros eran conocidos desde hacía años, y que no se tomaron medidas. “Sabemos que esta institución tenía la información por diferentes canales: por denuncias, tramitaciones, información interna dentro de la Policía Local… No sabemos si esa información trascendió el ámbito policial. Pero hay una cadena de inacciones que han acabado en una tragedia”.
Para la familia, es fundamental que el Ayuntamiento no solo colabore con las investigaciones externas, sino que también mire hacia dentro y asuma las responsabilidades que le corresponden: “Cada cual, por su inacción, deberá asumir la responsabilidad que le corresponde”.
Elkarrekin valora la entereza de la familia
Óscar Fernández, portavoz de Elkarrekin, ha mostrado su apoyo a la familia y ha agradecido su intervención. “Hoy habéis demostrado una entereza y una fuerza admirables. Lo que pedís es justo. Primero, justicia, y después garantías para que esto no vuelva a ocurrir”, ha dicho.
Ha valorado de forma positiva que el Ayuntamiento haya accedido finalmente a trasladar la documentación al Gobierno Vasco para que se estudie la apertura de sanciones. También ha respaldado la necesidad de depurar todas las responsabilidades, “no solo las del agresor, sino también las de todas las personas e instituciones que fallaron”.
Fernández ha subrayado que su grupo no va a utilizar políticamente el caso, pero ha insistido en que es necesario aprender de lo ocurrido. “Que esto sirva para algo. Que se cambie lo que haya que cambiar”.
El PP lamenta que el Ayuntamiento no actuara antes
Iñaki García Calvo, portavoz del Partido Popular, ha sido uno de los más críticos con el Gobierno municipal. Ha lamentado que la familia haya tenido que recurrir a una comparecencia pública para ser escuchada y ha reprochado la falta de humanidad por parte del Ayuntamiento en los primeros meses tras el crimen.
“Cuando conocimos la noticia, yo solo podía pensar en mis padres, si hubieran recibido esa fatídica llamada. La familia solo pedía dos cosas: humanidad y respuestas. Y no las han sentido desde el primer momento”, ha señalado.
García Calvo ha pedido que se activen todos los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad en los espacios de ocio. “Sabemos que muchas veces las competencias recaen en empresas privadas, pero el Ayuntamiento tiene herramientas para actuar. Úsenlas. Coordínense con quien haga falta. Pero hagan todo lo posible para que esto no vuelva a suceder”.
El PSE-EE reconoce fallos en la gestión inicial
Jon Armentia, portavoz del grupo socialista y concejal de Hacienda, ha trasladado el “más profundo dolor” en nombre del equipo de gobierno y de la alcaldesa. Ha confirmado que, desde que se tuvo conocimiento de la solicitud formal de la familia, el Ayuntamiento abrió un periodo de actuaciones previas para determinar si se debían incoar expedientes sancionadores.
Ha agradecido que la familia haya valorado el cambio de actitud del gobierno municipal, y ha reconocido que en los primeros momentos “no se acertó a acompañar ni arropar” lo suficiente a la familia. “Eso no invalida las actuaciones posteriores, por supuesto, pero entendemos que es necesario reconocerlo”, ha admitido.
Armentia ha recalcado que la responsabilidad penal por la muerte de Kerman se determinará en los tribunales, pero ha reiterado que el Ayuntamiento va a colaborar en todo lo que esté en su mano.
EH Bildu denuncia que el Ayuntamiento no actuó pese a tener conocimiento
Alberto Porras, concejal de EH Bildu, ha ofrecido un diagnóstico detallado sobre las competencias municipales en materia de seguridad en locales de aforo inferior a 700 personas. Ha asegurado que el Ayuntamiento no solo podía, sino que debía haber actuado antes de los hechos, y que no trasladó la información al Gobierno Vasco pese a conocer las situaciones violentas que se producían en Mitika.
“En 2023 hubo 18 actuaciones policiales en la sala. En 2024, otras 12. El Ayuntamiento sabía lo que pasaba. Y no informó a la Dirección de Juegos y Espectáculos del Gobierno Vasco”, ha denunciado.
Ha pedido la creación de nuevos protocolos para garantizar que se realicen inspecciones periódicas y que cualquier comportamiento violento sea comunicado a la autoridad competente. “Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano. No puede volver a pasar una situación como el asesinato de Kerman”, ha asegurado.
