La concejala de Espacio Público del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Beatriz Artolazabal, ha defendido públicamente la legalidad de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) ante el recurso judicial presentado por el Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN).
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Según ha explicado, la ordenanza se ha trabajado desde el principio con plena conciencia de las posibles repercusiones sociales. “Nosotros, cuando hicimos la ordenanza, cuando la trabajamos, sí que tuvimos en cuenta los colectivos vulnerables que podría haberse afectado”, ha asegurado.
Rigor técnico, jurídico y sensibilidad social
Artolazabal ha subrayado que el Ayuntamiento ha actuado con responsabilidad: “Creo que además lo hemos hecho desde el punto de vista jurídico y social con mucho rigor”.
En este sentido, ha añadido que el equipo de gobierno era conocedor de que en otras ciudades se habían presentado recursos similares: “Sabíamos que en otras ciudades había habido requerimientos o recursos que habían presentado alguna serie de colectivos”.
Por ello, ha insistido en que la medida se ha diseñado teniendo en cuenta todos los aspectos necesarios para garantizar su validez legal.
Validación judicial como objetivo
La concejala ha recalcado que el objetivo del Consistorio es que la ZBE sea reconocida como una medida legalmente sólida. “El objetivo es que esta Zona de Bajas Emisiones sea validada por los tribunales como una Zona de Bajas Emisiones que cumple con todos los requisitos”, ha afirmado.
Además, ha recordado que el Ayuntamiento ha prestado especial atención a las necesidades de quienes viven o trabajan en el Casco Viejo: “Teniendo en cuenta todas las necesidades que las personas que viven o se trasladan al Casco Viejo lo puedan hacer”.
Llamamiento a los tribunales
Finalmente, Artolazabal ha expresado su deseo de que los jueces valoren el enfoque adoptado por el Ayuntamiento: “La hemos hecho con rigor técnico, con rigor jurídico y con una sensibilidad social que creo y espero sea tenido en cuenta por los tribunales y no hagan decaer nuestra propuesta”.
