La abogada de APASOS, María Eugenia Suárez-Alba, ha denunciado en conversación con GasteizBerri que la expulsión de la asociación del Centro de Protección Animal (CPA) de Vitoria-Gasteiz ha dejado a los animales «desprotegidos» y sin la atención que durante más de dos décadas había prestado este colectivo. Tras la reciente decisión judicial que levanta la medida cautelar que permitía su acceso, APASOS ya no puede realizar su labor dentro del recinto. El Ayuntamiento, por su parte, asegura que «el centro continúa funcionando con normalidad» y que «los animales están atendidos en perfectas condiciones».
Los orígenes del conflicto: denuncias por abusos sexuales
Según ha explicado Suárez-Alba a esta redacción, los problemas comenzaron cuando varias voluntarias de APASOS denunciaron haber sufrido abusos sexuales por parte de un empleado municipal en la perrera. «Los abusos comenzaron en el verano de 2018. Cuatro mujeres fueron abusadas sexualmente y otras cuatro coaccionadas», asegura. Las víctimas no denunciaron de inmediato porque pensaban que eran casos aislados.
Todo cambió cuando una de ellas, tras uno de los episodios, salió llorando y le contó a otra compañera lo ocurrido. «Le dijo: no te vas a creer lo que me ha pasado. Y la otra respondió: sí, te creo, porque a mí también me ha pasado». A partir de ahí, las voluntarias compartieron sus experiencias y constataron que el problema era colectivo.
En febrero de 2020, Suárez-Alba tuvo conocimiento de los hechos y en mayo, tras el confinamiento, presentó una denuncia formal en nombre de las víctimas y de la asociación. Asegura que los responsables del centro conocían las coacciones y abusos, pero no actuaron. «Iñaki Gurtubai, entonces teniente de alcalde, solo investigó al trabajador, pero no a los responsables del centro», afirma. Esto les llevó a presentar también una denuncia por prevaricación.
La expulsión de APASOS: «Fue un acto de venganza»
En palabras de la abogada, «el Ayuntamiento se vengó de las voluntarias denunciantes y de la asociación». La expulsión de APASOS se produjo en mayo de 2021. Suárez-Alba asegura que se intentó dejar la asociación en manos de personas afines al Consistorio. «Intentaron que el entonces presidente y vicepresidente se quedaran solos, con voluntarios contrarios a las víctimas. Pero la junta directiva se renovó y las víctimas pasaron a formar parte de ella». Fue entonces cuando, según relata, el Ayuntamiento decidió expulsar a la asociación y denunció a su presidenta.
Medidas cautelares y trabas para su cumplimiento
En julio de 2021, la abogada solicitó medidas cautelares para que APASOS pudiera regresar al centro. En agosto, el juez dio la razón a la asociación, pero la decisión duró solo seis días. «El juez recibió unos supuestos informes técnicos del Ayuntamiento y revocó la decisión», indica Suárez-Alba. Posteriormente, en enero de 2022, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) dictaminó que APASOS debía volver a la perrera y recuperar sus funciones.
La abogada denuncia que esa sentencia tampoco se cumplió. «Les abren la puerta, pero no les dejan trabajar ni ver a los animales», explica. El Ayuntamiento impuso nuevas normas que, en la práctica, les impedían actuar: cita previa, prohibición de reservar animales o de organizar adopciones.
Una de las pruebas que Suárez-Alba aportó fue un acta notarial que describe cómo un notario fue retenido durante cuatro horas en la calle sin poder acceder. «La sentencia del TSJ no se estaba cumpliendo. Y el juez nos dio la razón de nuevo: tenían que devolvernos todos los derechos que teníamos antes de mayo de 2021».
Una nueva resolución cambia el rumbo del caso
En octubre de 2025, una jueza ha levantado la medida cautelar. Según ha trasladado el Ayuntamiento a esta redacción, «se ha dictado una resolución judicial por la que se alza la medida cautelar dictada en agosto de 2021 que permitía la entrada de personas voluntarias de APASOS». En esta resolución, la jueza indica que el Consistorio puede «conveniar la colaboración para la gestión de la perrera con la asociación o entidad que elija» y «no se le obliga a dejar acceder a los responsables de APASOS ni a sus voluntarios, ni se le obliga a dejarles atender a los animales, en lo sucesivo».
APASOS ya no accede al centro. Su abogada afirma que recurrirá la decisión. «La jueza ha cambiado lo que dijo el TSJPV en 2022, que decía que teníamos que seguir en el centro hasta que hubiera una sentencia firme». Según su versión, ahora mismo no hay ninguna protectora en el centro: «Solo están los empleados municipales, pero no dan abasto».
Una labor que el Ayuntamiento «no ha podido suplir»
APASOS lleva trabajando en el centro desde 2004. Según Suárez-Alba, sus voluntarias realizaban tareas que los empleados municipales no pueden asumir: encontrar adoptantes, evaluar la compatibilidad de los animales, coordinar casas de acogida o llevar a los animales a urgencias fuera del horario veterinario. «Hasta que comenzaron las denuncias por abusos sexuales, el propio Ayuntamiento reconocía esa labor en sus convenios», recuerda.
La abogada también denuncia que, desde que el Ayuntamiento les impidió trabajar, han fallecido animales y se han presentado denuncias por maltrato. «No sabemos qué estará ocurriendo ahora, pero ya sabemos lo que pasó entre mayo de 2021 y enero de 2022», afirma.
Respuesta del Ayuntamiento
Consultado por GasteizBerri, el Ayuntamiento asegura que «el Centro de Protección Animal continúa funcionando con normalidad» y que «se ha contratado a un profesional ayudante de veterinaria». Según su versión, los animales «están atendidos en perfectas condiciones».
«Los perjudicados son los animales»
Para Suárez-Alba, la decisión judicial y la actuación municipal son un retroceso. «Los perjudicados son los animales. A nosotros nos dejan fuera por denunciar, pero quienes pagan las consecuencias son ellos», afirma. La abogada también denuncia que desde el Ayuntamiento han llegado a justificar el bloqueo por el malestar del personal del centro. «Nos dijeron textualmente que estaban muy cabreados porque les denunciamos».
A pesar de las dificultades, APASOS no se plantea abandonar. La abogada insiste: «Cumplan con lo que los animales necesitan, que es lo que les hemos dado durante 21 años».
