La abogada de APASOS, María Eugenia Suárez-Alba, ha denunciado en conversación con GasteizBerri que la expulsión de la asociación del Centro de Protección Animal (CPA) de Vitoria-Gasteiz ha dejado a los animales «desprotegidos» y sin la atención que durante más de dos décadas había prestado este colectivo. Tras la reciente decisión judicial que levanta la medida cautelar que permitía su acceso, APASOS ya no puede realizar su labor dentro del recinto. El Ayuntamiento, por su parte, asegura que «el centro continúa funcionando con normalidad» y que «los animales están atendidos en perfectas condiciones».
Los orígenes del conflicto: denuncias por abusos sexuales
Según ha explicado Suárez-Alba a esta redacción, los problemas comenzaron cuando varias voluntarias de APASOS denunciaron haber sufrido abusos sexuales por parte de un empleado municipal en la perrera. «Los abusos comenzaron en el verano de 2018. Cuatro mujeres fueron abusadas sexualmente y siete coaccionadas, entre ellas las cuatro primeras», asegura. Las víctimas no denunciaron de inmediato porque pensaban que eran casos aislados y que si denunciaban no les creerían y las expulsarían.
Todo cambió cuando una de ellas, tras uno de los episodios, salió llorando y le contó a otra compañera lo ocurrido. «Le dijo: no te vas a creer lo que me ha pasado. Y la otra respondió: sí, te creo, porque a mí también me ha pasado». A partir de ahí, las voluntarias compartieron sus experiencias y constataron que el problema era colectivo.
La denuncia formal y las primeras consecuencias
En febrero de 2020, Suárez-Alba tuvo conocimiento de los hechos y en mayo, tras el confinamiento durante el cual el Registro del Ayuntamiento estuvo cerrado, pudo presentar una denuncia formal en nombre de las víctimas y de la asociación. Asegura que los responsables del centro conocían las coacciones y abusos, pero no actuaron hasta que el agresor sexual se saltó una orden de alejamiento contra una octava voluntaria de APASOS que además había sido pareja de él y a la que unas semanas después violó, violación por la que fue condenado por sentencia firme y cumple pena de 6 años de prisión. «Iñaki Gurtubai, entonces teniente de alcalde, solo investigó al trabajador, pero no a los responsables del centro», afirma. Esto les llevó a la Asociación y a las víctimas de abusos sexuales y coacciones a presentar también una denuncia por prevaricación contra la mano derecha del anterior Alcalde Gorka Urtaran.
La expulsión de APASOS: «Fue un acto de venganza»
En palabras de la abogada, «el Ayuntamiento se vengó de las voluntarias denunciantes y de la asociación». La expulsión de APASOS se produjo en mayo de 2021. Suárez-Alba asegura que previamente, en julio de 2020 y tras la denuncia penal contra Iñaki Gurtubay, existió una reunión entre éste y los entonces Presidente y Vicepresidente de APASOS “para que éstos limpiaran por dentro la asociación, expulsando a las víctimas y a su abogada, y quedándose sólo con voluntarios afines al Consistorio y contrarios a las víctimas. Pero las elecciones de la Junta Directiva de APASOS dieron un resultado unánime a favor de las víctimas, porque no existió finalmente más que su candidatura, y las siete mujeres abusadas sexualmente y coaccionadas integraron la Asociación. A partir de ese momento y en venganza por la denuncia contra Gurtubai, en la perrera les prohibieron hacer su habitual trabajo, lo que redundó en perjuicios para los animales, que fueron denunciados por APASOS en los tribunales”. Fue entonces cuando, según relata, el Ayuntamiento decidió expulsar a la asociación y denunció a su presidenta.
Medidas cautelares y trabas para su cumplimiento
En julio de 2021, la abogada solicitó medidas cautelares para que APASOS pudiera regresar al centro. En agosto, el juez dio la razón a la asociación, pero la decisión duró solo seis días. «El juez recibió alegaciones del Ayuntamiento pero bajo la forma de supuestos informes técnicos del Ayuntamiento y revocó la decisión», indica Suárez-Alba. Posteriormente, en enero de 2022, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) dictaminó que APASOS debía volver a la perrera y recuperar sus funciones “para proteger a los seres sensibles que en ella están albergados”.
La abogada denuncia que esa sentencia tampoco se cumplió. «Les abren la puerta, pero no les dejan trabajar en sus -hasta las denuncias de 2020- inestimables tareas según reconocía la página web del propio Ayuntamiento», explica. El Ayuntamiento impuso nuevas normas que, en la práctica, les impedían actuar y que buscaban no cumplir la sentencia del TSJPV, normas que el Juez terminó anulando: Negativa a bajar a las clínicas veterinarias a los animales que necesitaban atención urgente fuera del horario de funcionario del veterinario municipal; acceso limitado a las jaulas de los perros que de habitual los voluntarios paseaban y socializaban; cita previa lo que retrasaba enormemente cualquier gestión incluso veterinaria; prohibición de reservar animales para adoptantes que contactaban con la asociación lo cual hacía que los adoptantes elegidos tras unas entrevistas minuciosas con voluntarios que conocían el carácter de cada animal muchas veces llegaran tarde a por el animal con el que habrían encajado a la perfección; prohibición de hacer vídeos y fotografías y de colgarlos en la página web de APASOS o en sus redes sociales, lo que nuevamente dificultaba las adopciones…
Una de las pruebas que Suárez-Alba aportó en el Juzgado fue un acta notarial que describe cómo un notario fue retenido durante cuatro horas “a la intemperie, eso sí, dentro del recinto de la perrera”, una mañana de invierno, sin que le dejaran acceder ni siquiera a la oficina del CPA y ello por estar acompañado por la entonces Presidenta de la asociación y otro voluntario, quienes habían pedido ayuda para acreditar que no les dejaban entrar en casi ninguna dependencia del recinto de la perrera y por tanto no podían ayudar a la mayoría de los animales. «La sentencia del TSJ no se estaba cumpliendo. Y el juez nos dio la razón de nuevo: tenían que devolvernos todos los derechos que teníamos antes de nuestras denuncias de mayo de 2020».
Una nueva resolución cambia el rumbo del caso
En octubre de 2025, una jueza ha levantado la medida cautelar. Según ha trasladado el Ayuntamiento a esta redacción, «se ha dictado una resolución judicial por la que se alza la medida cautelar dictada en agosto de 2021 que permitía la entrada de personas voluntarias de APASOS». En esta resolución, la jueza indica que el Consistorio puede «conveniar la colaboración para la gestión de la perrera con la asociación o entidad que elija» y «no se le obliga a dejar acceder a los responsables de APASOS ni a sus voluntarios, ni se le obliga a dejarles atender a los animales, en lo sucesivo».
APASOS ya no accede al centro. Su abogada afirma que recurrirá la decisión. «La jueza ha cambiado lo que dijo el TSJPV en 2022, que decía que teníamos que seguir en el centro hasta que hubiera una sentencia firme». Según su versión, ahora mismo no hay ninguna protectora en el centro: «Solo están los empleados municipales, pero no dan abasto ».
Una labor que el Ayuntamiento «no ha podido suplir»
APASOS lleva trabajando en el centro desde 2004. Según Suárez-Alba, sus voluntarias realizaban tareas que los empleados municipales no pueden asumir “y que el TSJPV señaló como valiosa ayuda de los voluntarios de APASOS, no cubierta por el Ayuntamiento: sacar a los animales de sus jaulas y permitirles correr y jugar unos minutos, a la vez que socializarlos en esos paseos, encontrar adoptantes, evaluar la compatibilidad de los animales con sus futuras familias y los animales que ya tengan éstas, coordinar casas de acogida para los animales más vulnerables para los que la perrera es demasiado dura, o llevar a los animales a urgencias fuera del horario del veterinario municipal. «Hasta que comenzaron las denuncias por abusos sexuales, el propio Ayuntamiento reconocía esa labor en su página web como una labor inestimable de APASOS, y en sus convenios, donde ponía a los animales sin hogar que son de su responsabilidad a disposición de la asociación para que ésta ayudara en todo lo posible», recuerda.
La abogada también denuncia que, durante los meses en los que el Ayuntamiento les impidió trabajar, fallecieron animales que podrían haber evitado su muerte con una atención veterinaria temprana o incluso con su propia atención y pone el ejemplo de los gatitos lactantes que cada año las voluntarias de APASOS sacan adelante tras las camadas de los gatos callejeros que los empleados municipales no pueden atender día y noche y que en 2021 el Ayuntamiento puso a disposición de las familias vitorianas a las que entregaba un kit advirtiendo que era muy probable que no sobrevivieran pese a los cuidados de los ciudadanos porque era una tarea muy difícil, “tarea que sin embargo las voluntarias de APASOS bordan”. «No sabemos qué estará ocurriendo ahora, pero sí sabemos lo que pasó entre mayo de 2021 y enero de 2022, y en ese momento tuvimos que presentar denuncias por maltrato animal», afirma.
Respuesta del Ayuntamiento
Consultado por GasteizBerri, el Ayuntamiento asegura que «el Centro de Protección Animal continúa funcionando con normalidad» y que «se ha contratado a un profesional ayudante de veterinaria». Según su versión, los animales «están atendidos en perfectas condiciones». Sobre la falta de comunicación oficial, indican que la misma información ha sido ya trasladada a otros medios desde hace diez días.
«Los perjudicados son los animales»
Para Suárez-Alba, la decisión judicial y la actuación municipal son un retroceso. «Los perjudicados son los animales. A nosotros nos dejan fuera por denunciar, pero quienes pagan las consecuencias son ellos», afirma. La abogada también denuncia que desde el Ayuntamiento han llegado a justificar el bloqueo por el malestar del personal del centro. «Cuando la Presidenta de la asociación, Marta Moreno, pidió una reunión con la Concejal del gremio y su Directora porque seguían dificultándose las tareas de APASOS y creyendo que por haber existido un cambio en los dirigentes políticos de la perrera, capitaneados desde 2023 por una mujer feminista como la actual Alcaldesa, por fin las víctimas y su asociación tendrían el apoyo que dos veces al año y tras cada agresión machista los políticos vienen mostrando en las fotografías detrás de las pancartas moradas, la comprensión de las dirigentes de la Concejalía fue hacia el Jefe de Equipo de la perera y el veterinario quienes estaban/están muy cabreados por nuestras denuncias de 2020. Nos resultó incomprensible que los gestores municipales permitan que una sentencia judicial no se cumpla en perjuicio de los perros y gatos del CPA por animadversiones personales”.
A pesar de las dificultades, APASOS no se plantea abandonar. La abogada insiste: «Cumplan con lo que los animales necesitan, que es lo que les hemos dado durante 21 años y lo que la sociedad actual exige».
