
Tras la denuncia de la plantilla de los rocódromos municipales por impagos, falta de seguridad y material en mal estado, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha advertido este martes que, si la empresa Prisma Global no regulariza la situación, abrirá un expediente sancionador y valorará resolver el contrato.
La concejala de Deporte, Ana López de Uralde, ha explicado en comisión que el Ayuntamiento ha abonado todas las facturas en tiempo y forma, pero que la empresa ha reconocido retrasos en los sueldos por una situación financiera “compleja”.
“Le hemos exigido el abono inmediato de las nóminas porque, de no ser así, procederemos a la apertura de un expediente sancionador”, ha afirmado para a continuación señalar que “si no pagan, si no cumplen con la formación o con los riesgos laborales, aplicaremos sanciones. Y si la situación no mejora, podremos resolver el contrato.”
La concejala ha insistido en que el control municipal del contrato es “férreo” y que los técnicos del servicio de Deporte están revisando la documentación requerida a la empresa.
Las denuncias de los trabajadores
Los trabajadores de los rocódromos municipales han denunciado que todavía no han cobrado los salarios de agosto y septiembre, y que esta situación ya se repitió el año pasado, con retrasos de hasta siete meses.
También han alertado de la falta de equipos de protección individual (EPIs) y de formación en prevención de riesgos laborales, especialmente en trabajos verticales y manipulación de productos químicos. Según explican, los pocos EPIs disponibles “no pasan revisiones periódicas”, y en uno de los centros un trabajador sufrió una caída desde unos siete metros, accidente que, aseguran, “se podría haber evitado”.
La plantilla advierte además que la falta de material repercute en el servicio a la ciudadanía: “Hemos tenido que retirar cuerdas en mal estado sin reponerlas en largo tiempo, reduciendo así la disponibilidad de las instalaciones”.

Críticas de la oposición
Durante la comisión, los grupos de la oposición han coincidido en denunciar la falta de control por parte del Ayuntamiento y han pedido soluciones urgentes.
Desde EH Bildu, Maider Uriarte ha calificado la situación de “insostenible” y ha reclamado al gobierno municipal que “no se desentienda de un servicio que sigue siendo municipal, esté quien esté detrás”.
Por parte de Elkarrekin, Garbiñe Ruiz ha planteado la posibilidad de revisar el modelo de gestión y valorar la gestión directa o comunitaria. “Lo que está en juego no son solo nóminas, sino el modelo de ciudad y de servicios públicos que queremos”, ha señalado.
Desde el Partido Popular, Aitor González ha reclamado “más control y seguimiento de las contratas” y ha advertido que la precarización laboral “acaba afectando también a los vecinos que usan los servicios municipales”.
Seguimiento del contrato
López de Uralde ha recordado que el contrato con Prisma Global tiene un presupuesto superior a 1,1 millones de euros, e incluye partidas específicas para mantenimiento, material deportivo y seguridad laboral. Ha asegurado que el Ayuntamiento seguirá vigilando el cumplimiento de las condiciones y actuará “con firmeza” si la empresa no responde. “La resolución del contrato no es lo que queremos, pero si la empresa no regulariza la situación, no quedará otra opción”, ha concluido.