El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Vitoria-Gasteiz sigue sin poder ser aprobado de forma definitiva a la espera del informe favorable de la Dirección General de Aviación Civil, un documento preceptivo y vinculante que aún no ha sido emitido. Así lo ha confirmado este lunes el concejal de Urbanismo, Borja Rodríguez, durante la Comisión de Modelo de Ciudad, en respuesta a una pregunta formulada por el concejal de EH Bildu, Xabier Ruiz de Larramendi. El retraso en la obtención de este informe mantiene abierta una ventana de oportunidad para los propietarios de varios de los 25 sectores que el nuevo PGOU propone desclasificar, y que están promoviendo distintos movimientos urbanísticos en los últimos meses.
Rodríguez ha explicado que el Ayuntamiento está en contacto con la Dirección General de Aviación Civil y que los técnicos municipales están colaborando para facilitar la emisión del informe. Una vez se reciba, el Gobierno municipal afirma que estará en disposición de presentar el documento para su tramitación final. Mientras tanto, el equipo redactor del Plan ha estado trabajando en incorporar las observaciones, adendas y aclaraciones solicitadas por otros organismos autonómicos y estatales, como URA, ADIF o el órgano ambiental del Gobierno Vasco. Aunque algunos de estos informes eran favorables condicionados, el de Aviación Civil sigue siendo el único que bloquea el avance del proceso.
Las consecuencias que puede tener este retraso
EH Bildu ha planteado su preocupación por las consecuencias que puede tener este retraso, dado que la suspensión de licencias aprobada en 2022 se levantó en febrero de 2025, tras agotarse el plazo de un año ampliado por modificación legal. Desde entonces, varios sectores afectados por la propuesta de desclasificación han iniciado trámites que podrían consolidar derechos urbanísticos previos y abrir la puerta a futuras reclamaciones. En este contexto, Ruiz de Larramendi ha pedido una fotografía general de cuántos sectores han realizado movimientos desde febrero y qué tipo de acciones están llevando a cabo.
Rodríguez ha confirmado que son cinco los sectores que han presentado nuevos trámites desde la aprobación provisional del PGOU. En el caso del sector 41, se ha solicitado una segunda modificación del Plan Parcial; sin embargo, el Ayuntamiento considera que ha perdido la vigencia del informe ambiental estratégico y que, además, el nuevo PGOU ya incorpora parte del ámbito en dos unidades de ejecución nuevas, incluyendo una zona verde propiedad de la Diputación que se ha calificado como sistema local de zonas verdes. Para que este sector pudiera materializar obras, aún haría falta tramitar el Plan Parcial, el PAU, la reparcelación y el proyecto de urbanización.
En otros sectores
El sector 42 ha pedido un informe sobre la situación urbanística de determinadas parcelas, mientras que en el sector 30, en Berrosteguieta, se ha aprobado inicialmente un proyecto de reparcelación como consecuencia de una resolución judicial. Este proyecto está en plazo de exposición pública y ha recibido ya una alegación. En el caso del sector 22, en Aberásturi, se ha publicado el documento urbanístico actualizado y se ha ampliado el periodo de información pública hasta el 16 de enero de 2026. El concejal ha señalado que en todos los casos, los movimientos se encuentran todavía en fases muy iniciales, lejos de poder solicitar licencias de construcción.
En cuanto al sector 17, que ha sido uno de los casos más avanzados, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha ratificado la suspensión de las obras de urbanización. En un auto fechado el 1 de octubre, el TSJPV advierte de que si se ejecutaran las obras, podría derivarse no solo en su futura demolición, sino también en costes económicos e indemnizaciones evitables. El tribunal respalda así la decisión judicial de mantener suspendida la licitación de las obras en este ámbito.
Cada sector tiene una situación jurídica distinta
Rodríguez ha insistido en que cada uno de los sectores tiene una situación jurídica distinta y que el Ayuntamiento está haciendo un seguimiento individualizado para garantizar que sus movimientos no interfieran en la aprobación definitiva del nuevo Plan General. Ha subrayado que confeccionar un documento de esta complejidad requiere tiempo, esfuerzo técnico y coordinación interinstitucional. Como referencia, ha señalado que la tramitación entre la aprobación provisional y definitiva ha llevado 18 meses en Bilbao y 16 meses en Elorrio, mientras que en el caso de Vitoria-Gasteiz la previsión es completar el proceso en menos de un año, si el informe de Aviación Civil llega a tiempo.
En cualquier caso, el concejal ha reconocido que no puede garantizar que los movimientos promovidos por los sectores en riesgo de desclasificación queden sin efecto, especialmente en los casos donde ya existe litigio abierto. Según ha explicado, algunas de las juntas de concertación de estos sectores alegan contar con derechos urbanísticos adquiridos con anterioridad al Plan actual, lo que podría dar pie a recursos judiciales. El Ayuntamiento defiende que su proceder se ajusta a derecho, pero el desenlace dependerá, en última instancia, de los tribunales.
