La subida de las pensiones contributivas prevista para 2026 será del 2,7%, siempre que se confirme el dato definitivo del Índice de Precios al Consumo (IPC) correspondiente a noviembre. La actualización se calcula tomando como referencia la inflación media de los doce meses anteriores, desde diciembre del año anterior hasta noviembre del año en curso.
Aunque el dato oficial se conocerá el próximo 12 de diciembre, la cifra adelantada por el Instituto Nacional de Estadística permite anticipar una revalorización del 2,66%, lo que redondeado supone un incremento del 2,7%. Esta fórmula de actualización está recogida en la ley vigente desde 2021, que vincula directamente las pensiones a la evolución de los precios con el objetivo de preservar su poder adquisitivo.
Más de 9 millones de personas se verán beneficiadas
La subida afectará a las pensiones contributivas, así como a las de clases pasivas del Estado. En conjunto, más de 9,4 millones de personas perciben actualmente estas prestaciones. La actualización entrará en vigor con el nuevo año, una vez confirmado el dato definitivo de inflación.
Subida también en las bases y pensiones máximas
En paralelo a la revalorización de las pensiones, también aumentará la base máxima de cotización. Según lo previsto, esta se incrementará en un 3,9%, resultado de sumar al IPC una cuantía adicional de 1,2 puntos, tal y como establece la reforma en vigor hasta 2050. Con esta subida, la base máxima superará los 5.100 euros mensuales.
La pensión máxima también experimentará un crecimiento superior al IPC. En 2026 aumentará un 2,7% más un 0,115% adicional, lo que la situará en algo más de 3.359 euros al mes en catorce pagas. El objetivo de este ajuste gradual es elevar progresivamente el límite máximo de las prestaciones durante los próximos años.
Las pensiones más bajas tendrán una subida mayor
Las pensiones mínimas y las no contributivas volverán a registrar un incremento superior al del conjunto del sistema. La previsión es que estas prestaciones sigan reduciendo su distancia con los niveles de renta considerados como umbral de pobreza, con el objetivo de alcanzarlo antes de 2027.
En el caso de las pensiones no contributivas, se aplicará un aumento adicional para avanzar en esa convergencia. Lo mismo ocurrirá con el Ingreso Mínimo Vital, cuya cuantía está ligada a estas prestaciones.
En cuanto a la pensión mínima con cónyuge a cargo para personas mayores de 65 años, también se incrementará más allá del IPC. La meta es situarla por encima de los 16.500 euros anuales en 2027. Otras prestaciones como la pensión de viudedad con cargas familiares y algunas pensiones contributivas con cónyuge a cargo igualarán esta cuantía.
El resto de pensiones mínimas contributivas también tendrán una subida adicional, aunque menor, con el fin de aproximarse a los estándares fijados en la normativa y mejorar su suficiencia.
