La futura Ley de Concejos de Álava incorporará por primera vez un procedimiento legal para que los vecinos y vecinas puedan cesar a quien ocupa la presidencia de una Junta Administrativa, siempre que exista una mayoría suficiente que así lo decida. Así lo ha confirmado ante la prensa este lunes la diputada foral de Equilibrio Territorial, Laura Pérez Borinaga, al señalar que “la reforma recoge un mecanismo, la forma de articular un mecanismo para poder remover a una persona de un cargo si así lo deciden sus vecinos y vecinas”.
Este cambio figura ya en el anteproyecto de norma foral actualmente en tramitación, que ha sido publicado para alegaciones en la plataforma IREKIA. El nuevo texto refundirá y actualizará la normativa vigente sobre los concejos, fusionando las leyes forales de 1984 (que regula las elecciones a regidores y vocales) y de 1995 (que regula la organización y funcionamiento de los concejos).
La Diputación no podrá intervenir en los ceses
Aunque el nuevo mecanismo permitirá que los vecinos propongan la destitución del presidente o presidenta, la Diputación Foral no tendrá ningún papel directo en ese proceso. Pérez Borinaga ha subrayado que “la Diputación nunca va a poder invitar al presidente de una Junta a dejar el cargo, porque no podemos olvidar que esto es un proceso democrático”. En ese sentido, ha insistido en que “son cargos electos y quien tiene que remover a una persona del cargo tendrán que ser los vecinos y vecinas, a través del mecanismo que se pueda articular”.
Mayores cualificaciones y seguridad jurídica
El procedimiento de destitución que recoge el anteproyecto estará condicionado a mayorías cualificadas y requisitos que garanticen la seguridad jurídica del proceso. Según ha indicado Pérez Borinaga, “esos mecanismos siempre contemplan mayorías cualificadas, precisamente porque lo que hay que darle a todos los procesos electorales es absoluta seguridad jurídica”.
Este cambio llega tras años de conflictos en algunas Juntas Administrativas, como los abordados en la ponencia de Juntas Generales entre 2022 y 2024. La Diputación asegura que esas situaciones han sido tenidas en cuenta al redactar el nuevo texto normativo.
Un texto único y con lenguaje inclusivo
El anteproyecto también busca unificar en un solo texto legal todos los aspectos de la vida organizativa y electoral de los concejos, acabando con la dispersión normativa actual. Pérez Borinaga ha explicado que “se trata de aunar todo en un solo texto que regule ampliamente todos los conceptos”.
Además, la diputada ha destacado que el nuevo texto utilizará un lenguaje inclusivo, a diferencia de las normas anteriores que solo hacían referencia a “presidente” o “vocales” en masculino. “Es algo en lo que se ha trabajado y por lo que se ha apostado, como no puede ser de otra forma”, ha señalado.
Tramitación en curso y aprobación prevista en 2026
El documento aún está en fase de revisión técnica. Diversos departamentos de la Diputación deben emitir informes sobre impacto normativo, igualdad, legalidad y afección presupuestaria. Una vez completado ese trámite, se elevará al Consejo de Gobierno para su aprobación como proyecto de norma foral y se remitirá a las Juntas Generales para su tramitación parlamentaria.
Pérez Borinaga ha confirmado que el objetivo es que la nueva Ley de Concejos pueda estar lista a lo largo del próximo año.
El conflicto de Ibarguren, origen de la reforma
El origen de esta reforma está directamente relacionado con el conflicto vivido en el concejo de Ibarguren, donde una profunda división entre vecinos —ocho a favor del presidente y ocho en contra— derivó en denuncias por acoso, amenazas y abuso de poder. Durante dos años, el presidente del concejo mantuvo el alumbrado público apagado, restringió el acceso al frontón y al local social a quienes se oponían a su gestión, e impuso sanciones por el suministro de agua.
En 2024, varias familias abandonaron el pueblo “por miedo” y en mayo de 2025 el caso llegó a medios estatales con titulares como “La olla a presión de Ibarguren”. El diputado general Ramiro González reconoció entonces que “hay decisiones ilegales, pero la Diputación no puede destituirlo”, y animó a denunciar por vía judicial. Este vacío legal ha sido uno de los elementos que ha impulsado la incorporación de un mecanismo de destitución en la nueva Ley de Concejos.
