El Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra han alcanzado este jueves un acuerdo en el Parlamento Vasco para presentar y aprobar una enmienda transaccional conjunta sobre la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz.
El texto aprobado insta al Gobierno de España a reconocer expresamente “el papel del Estado” en aquellos hechos, condenar la actuación desproporcionada del Ejecutivo presidido entonces por Carlos Arias Navarro y desbloquear en el Congreso la reforma de la Ley de Secretos Oficiales para facilitar el acceso a la información relacionada con lo ocurrido.
La iniciativa ha salido adelante en el pleno celebrado hoy con 39 votos a favor, correspondientes a la mayoría absoluta de ambos grupos, y la abstención del resto de formaciones, incluida EH Bildu.
Negociación hasta última hora
El acuerdo se ha cerrado tras modificar una proposición no de ley registrada por EH Bildu y Sumar. El texto inicial planteaba un reconocimiento más contundente de la “responsabilidad principal y directa del Estado” en los hechos del 3 de marzo y también en los Sanfermines de 1978.
La enmienda finalmente pactada sustituye el término “responsabilidad” por “papel del Estado”. Ese cambio permitió salvar diferencias entre los socios y articular una posición común.
La masacre del 3 de marzo de 1976 dejó cinco trabajadores muertos y decenas de personas heridas tras la intervención de la Policía Armada en una asamblea obrera celebrada en la iglesia de San Francisco de Asís, en el barrio de Zaramaga, en Vitoria-Gasteiz.
Reacciones tras la votación
Desde el PNV se ha calificado el acuerdo de “histórico”, al entender que se insta al Estado a realizar una declaración expresa y a condenar lo ocurrido durante la Transición.
El PSE-EE ha defendido el pacto alcanzado, señalando que la redacción acordada permite avanzar en el reconocimiento institucional sin utilizar términos que generaban discrepancias internas.
Por su parte, la asociación de víctimas del 3 de marzo ha mostrado su decepción al considerar que la fórmula aprobada “rebaja” la exigencia hacia el Estado y no reconoce de forma plena la responsabilidad principal y directa en los hechos.
También desde sectores independentistas y de izquierda se ha criticado que el acuerdo llega “tarde” y que no aborda un balance completo de la violencia ejercida en ese periodo.
