El Sindicato Socialista de Vivienda ha denunciado un nuevo endurecimiento en el acceso a las primeras citas de asilo en las oficinas de la Policía Nacional de Betoño, en Vitoria-Gasteiz. Según este colectivo, el cambio en el sistema de adjudicación ha reducido de 60 a 30 las citas semanales y ha trasladado el proceso de un modelo presencial a otro exclusivamente telemático, lo que, en la práctica, está dejando fuera a las personas que intentan iniciar su regularización.
La denuncia llega siete meses después de que comenzaran a visibilizarse acampadas de ciudadanos malienses en el entorno de estas dependencias policiales. El sindicato sostiene que, desde la puesta en marcha del nuevo sistema, ninguna de las personas a las que acompaña ha logrado obtener cita por la vía online debido a la saturación de la web.
Menos citas y más obstáculos para iniciar el asilo
La primera cita es el paso que permite abrir formalmente la solicitud de asilo. También es la puerta de entrada a los recursos iniciales de acogida y a las primeras ayudas sociales vinculadas al proceso de protección internacional.
El Sindicato Socialista de Vivienda asegura que el sistema anterior ya era insuficiente, con 60 citas a la semana para un volumen de demanda creciente. Sin embargo, denuncia que el nuevo modelo ha agravado todavía más la situación al reducir esa cifra a 30 y concentrar la gestión en una página web que, según su versión, se colapsa en cuanto se abren las plazas.
La portavoz del colectivo afirmó que, en las dos últimas semanas, ningún ciudadano maliense ha conseguido cita mediante este procedimiento. A su juicio, eso convierte una reducción administrativa en un bloqueo de hecho.
Siete meses de acampadas junto a la comisaría
La situación afecta especialmente a personas procedentes de Mali que llevan meses en una situación de gran vulnerabilidad en Vitoria-Gasteiz. Según el sindicato, muchas de ellas llegaron forzadas por la guerra y la pobreza y permanecen atrapadas en un proceso burocrático que se alarga durante meses o incluso años.
El colectivo recuerda que lleva siete meses denunciando la situación de quienes duermen o han dormido en la calle en el entorno de Salburua y Betoño mientras intentan acceder al sistema de asilo. Asegura además que el inicio del trámite resulta decisivo porque sin esa primera cita no pueden ser reconocidas como solicitantes de protección internacional ni acceder al programa estatal de acogida.
Una red solidaria para cubrir trámites, idiomas y necesidades básicas
Junto a la denuncia, el Sindicato Socialista de Vivienda ha presentado una red solidaria para apoyar a las personas migrantes afectadas. Esta estructura, según explicó, pretende ayudar en la obtención de citas, ofrecer clases de idiomas y responder a necesidades básicas como alimentación, abrigo, aseo, medicación o alojamiento puntual.
El colectivo ha detallado que presta apoyo con los trámites los martes y sábados, organiza clases de idiomas los jueves y celebra una asamblea semanal abierta los viernes a las 18.00 horas en su oficina de la calle Venezuela 10.
La organización ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para sumarse a esta red de apoyo y ha reclamado que se modifique cuanto antes el actual sistema de asignación de citas para evitar que más personas queden atrapadas en este proceso.
Una denuncia política sobre el derecho de asilo
En su comparecencia, el sindicato enmarcó este problema en una crítica más amplia al funcionamiento del sistema de asilo y a la respuesta institucional ante la migración. El colectivo considera que la opacidad y los cambios continuos en la adjudicación de citas están debilitando un derecho básico del que dependen otros derechos civiles y sociales.
Esa valoración forma parte de la posición política del Sindicato Socialista de Vivienda, que vincula lo que ocurre en Gasteiz con causas estructurales más amplias. Más allá de ese análisis, la denuncia concreta que lanza el colectivo se centra en tres elementos: la reducción de citas, el paso a un sistema exclusivamente telemático y la imposibilidad práctica de acceder a la web en el momento en que se habilitan las plazas.
El caso vuelve a poner el foco en una realidad que lleva meses visible en Vitoria-Gasteiz. La imposibilidad de acceder a una primera cita no solo retrasa el expediente administrativo, sino que prolonga una situación de inseguridad jurídica y dificulta el acceso a recursos básicos.
