El Ayuntamiento mantiene la exigencia de guardias al taxi aunque se abre a ajustar la cifra

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no se mueve en lo esencial en el conflicto del taxi. La concejala de Espacio Público y primera teniente de alcaldesa, Beatriz Artolazabal, se ha mostrado dispuesta a revisar el número de vehículos que deberían cubrir guardias en sábados, festivos y vísperas de festivo, pero mantiene intacta la exigencia de fijar un mínimo obligatorio que garantice el servicio.

Ese es el mensaje central que ha querido dejar este miércoles el Gobierno municipal tras el rechazo en asamblea del preacuerdo alcanzado con el sector. El Consistorio acepta discutir la cifra concreta, pero no renuncia al principio de fondo. Debe haber taxis suficientes en las franjas en las que hoy, según su diagnóstico, el servicio no está asegurado.

La posición municipal trata de combinar apertura y firmeza. Por un lado, Artolazabal evita enrocarse en un número cerrado. Por otro, deja claro que el Ayuntamiento no va a asumir como solución que todo siga igual o que no exista una obligación mínima de cobertura.

El consistorio flexibiliza el número, no la obligación

La principal novedad de la comparecencia no está en una rebaja de las exigencias, sino en el margen que el Ayuntamiento se concede para negociar la cifra. Artolazabal ha dado a entender que los 50 taxis que habían trascendido hasta ahora no son una frontera inamovible, pero también ha insistido en que cualquier cifra que se pacte deberá servir de verdad para resolver el problema.

Ese matiz es importante. El Gobierno municipal no presenta la negociación como un debate abstracto sobre cuántos coches deben trabajar, sino como una discusión sobre cómo garantizar que en determinados momentos haya respuesta para la ciudadanía. La cifra puede cambiar. La exigencia de que exista un mínimo operativo, no.

La primera teniente de alcaldesa ha querido subrayar precisamente esa idea. El objetivo no es defender un número por sí mismo, sino asegurar que el servicio público funcione cuando más dificultades aparecen.

El problema sigue situado en las madrugadas

El Ayuntamiento vuelve a colocar el centro del conflicto en las noches de sábados, festivos y vísperas de festivo, especialmente entre las cuatro y las ocho de la mañana. Es en esa franja donde sitúa las principales quejas y donde considera que el taxi no está dando una respuesta suficiente.

Según la lectura municipal, ahí es donde la discusión deja de ser solo sectorial y pasa a convertirse en una cuestión de interés general. El Consistorio insiste en que no se trata simplemente de una negociación laboral o corporativa, sino de ordenar una concesión administrativa que debe prestar un servicio público también en las horas más problemáticas.

Ese argumento es el que sostiene toda la posición del Ejecutivo local. Si el problema afecta a la movilidad nocturna de la ciudad y a la posibilidad de disponer de un taxi en una situación de necesidad, el Ayuntamiento entiende que no puede limitarse a esperar sin intervenir.

La ordenanza queda en segundo plano frente al choque por las guardias

La posición expresada por Artolazabal refuerza además una idea que el Gobierno municipal viene defendiendo desde el rechazo al preacuerdo. El gran punto de bloqueo no está en la ordenanza en su conjunto, sino en el sistema de guardias.

El Ayuntamiento sostiene que el texto recogía mejoras planteadas por el propio sector, vinculadas a la conciliación, a los cuidados, a las bajas por enfermedad o a la transmisión de licencias. Sin embargo, interpreta que todo ese contenido ha quedado eclipsado por el desacuerdo sobre la obligación de reforzar el servicio en los días y horas de mayor tensión.

Desde esa perspectiva, el conflicto se ha estrechado hasta concentrarse en una sola cuestión. No tanto si debe haber una nueva ordenanza, sino si el taxi acepta que el servicio en esas franjas concretas tenga que quedar garantizado mediante unos mínimos obligatorios.

El Gobierno municipal mantiene la presión tras el rechazo del preacuerdo

La apertura a revisar la cifra no significa un cambio de tono hacia el sector. El Ayuntamiento sigue dejando claro que considera insuficiente el paso dado por la asamblea al tumbar el preacuerdo sin validar una salida al problema. Ahora, con este nuevo margen, desplaza de nuevo la presión hacia el taxi.

El mensaje es nítido. El Consistorio puede escuchar otras cifras, pero espera una propuesta que permita garantizar el servicio. Lo que no acepta es una negativa sin alternativa o una negociación que se alargue sin resultados mientras el problema continúa.

Artolazabal ha evitado fijar un plazo cerrado para esta nueva etapa, pero también ha advertido de que el conflicto no puede eternizarse. El Ayuntamiento se da más tiempo para hablar, aunque deja claro que ese tiempo debe conducir a una salida concreta.

En el fondo, la posición municipal intenta preservar una línea roja. El Ayuntamiento no quiere aparecer como una administración que renuncia a intervenir en un servicio público cuando detecta que no está funcionando como debería. Puede ceder en el detalle, pero no en el principio.

Esa es la razón por la que el discurso de Artolazabal pone el acento en la garantía del servicio y no en la cifra. La pelea ya no está en si son 50, 45 o cualquier otro número, sino en si habrá o no una obligación efectiva de cubrir las madrugadas con un mínimo suficiente de taxis.