El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha concretado este martes cuál es, a su juicio, el principal motivo del rechazo de la nueva ordenanza del taxi. Tras la reunión mantenida este mediodía con representantes de ALATAX y Radio Taxi, el Gobierno municipal señala que el punto de bloqueo está en el calendario de guardias, un sistema que el sector rechaza y para el que, según la versión municipal, no ha planteado alternativas.
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La aclaración llega horas después de que el Consistorio evitara fijar una posición cerrada sobre el resultado de la asamblea del sector, celebrada el lunes. Aquella votación se saldó con 53 votos a favor, 87 en contra y 15 abstenciones, y tumbó el preacuerdo que Ayuntamiento y representantes profesionales habían trabajado durante más de un año y medio.
Ahora, el departamento de Espacio Público y Barrios sostiene que el problema no está en el conjunto de la ordenanza, que incluía mejoras para el propio sector, sino en las guardias previstas para asegurar la prestación del servicio en los momentos de mayor demanda.
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El Ayuntamiento pone el foco en la obligación de garantizar el servicio
La posición municipal se apoya en una idea que el Gobierno local ha repetido en los últimos meses y que este martes formula con más claridad. El taxi, subraya el Ayuntamiento, es un servicio público concesionado, y esa condición implica no solo derechos para quienes explotan las licencias, sino también obligaciones.
Desde esa premisa, el Consistorio defiende que el calendario de guardias no responde a una imposición arbitraria, sino a la necesidad de cubrir un problema de disponibilidad que considera real y persistente en la ciudad. El diagnóstico municipal apunta sobre todo a determinadas noches, vísperas de festivo y otros momentos de alta demanda en los que resulta difícil encontrar un taxi.
La propuesta rechazada en la asamblea incluía precisamente medidas dirigidas a reforzar esa cobertura. Entre ellas figuraba la obligación de que hubiera al menos 50 taxis operativos las noches de sábados y vísperas de festivo entre las 00.00 y las 08.00 horas, así como servicios mínimos los domingos entre mayo y octubre, con al menos 35 taxis en circulación entre las 13.00 y las 19.00 horas.
Una reforma más amplia que ahora queda en segundo plano
El texto no se limitaba al sistema de guardias. También contemplaba la creación de 20 nuevas licencias en los próximos dos años, de las que al menos cuatro debían ser adaptadas para personas con movilidad reducida. A eso se sumaban otras medidas de modernización, como el impulso de una aplicación móvil para pedir taxi, la obligación de cobrar con tarjeta y la sustitución de los talonarios en papel por sistemas informáticos de registro y facturación.
Sin embargo, tras el encuentro mantenido este mediodía, el Ayuntamiento sitúa en las guardias el núcleo del desacuerdo. El matiz no es menor. Hasta ahora, el Gobierno municipal había hablado de discrepancias en varios frentes, entre ellos los servicios mínimos y la ampliación de licencias. La nueva valoración delimita más el conflicto y lo concentra en un punto concreto.
El rechazo del sector abre una nueva fase política
El rechazo de la asamblea no impide por sí solo que la ordenanza siga su recorrido, pero sí complica de forma evidente su tramitación. El Gobierno municipal asume ya que el conflicto ha entrado en una nueva fase y ha decidido trasladarlo también al terreno político.
El Ayuntamiento mantendrá este miércoles reuniones con el Partido Popular y con Elkarrekin Podemos para analizar la situación y explorar posibles salidas. En el caso de EH Bildu, según ha informado el propio Consistorio, el encuentro no podrá celebrarse hasta la semana del 13 de abril.
Ese calendario confirma que el Ejecutivo local busca apoyos para definir cómo continuar un proceso que, tras más de un año y medio de negociación con el sector, ha quedado bloqueado en su punto más sensible.
El Consistorio mantiene que seguirá adelante
Pese al rechazo de los profesionales, el mensaje del Ayuntamiento no apunta a una retirada. Al contrario. El Gobierno municipal asegura que mantiene la determinación de actuar para garantizar el interés general y deja claro que no da por cerrado el debate sobre la reorganización del servicio.
La idea de fondo sigue siendo la misma que ya trasladó esta mañana: la ciudad tiene un problema de disponibilidad del taxi y el Ayuntamiento entiende que debe responder. La novedad es que ahora concreta dónde sitúa el principal obstáculo y lo formula en términos de servicio público.
Con esa posición, el Consistorio abre una nueva etapa en un conflicto que ya no gira solo en torno al contenido de una ordenanza, sino también a los límites de una licencia pública y a las obligaciones que el Ayuntamiento considera inseparables de ella.
