Errekaleor Auzo Askea ha acusado a la Ertzaintza de enviar al barrio a varias personas en situación de calle que querían entrar en una de las viviendas del proyecto. El colectivo denuncia una presencia policial “desmedida” este miércoles 13 de mayo y habla de una “grave agresión”.
Según el comunicado, estas personas llegaron a Errekaleor con intención de acceder a una casa. El barrio asegura que les explicó “cuáles son las vías de entrada al proyecto”, los recursos disponibles y su disposición a acompañarlas. La respuesta, según Errekaleor, fue que “la policía les indicó que vinieran aquí”.
La acusación procede del comunicado de Errekaleor y no está contrastada con la Ertzaintza.
Un barrio con muchas viviendas vacías
Errekaleor fue construido entre los años 50 y 60 como barrio obrero para acoger a trabajadores llegados a Vitoria por la industrialización. Llegó a tener unos 32 bloques y alrededor de 192 viviendas.
En el barrio hay muchas viviendas vacías, aunque no se sabe con exactitud cuántas están libres, cuántas personas viven actualmente allí ni cuál es el estado real de todos los pisos.
Errekaleor decide quién entra a vivir
El comunicado deja claro que el acceso al barrio no es libre. Errekaleor sostiene que existen “vías de entrada al proyecto” y que no cualquier persona puede ocupar directamente una vivienda.
Ese punto introduce una de las claves del caso. El proyecto, nacido de una okupación en 2013, mantiene sus propias normas para decidir quién puede vivir allí.
Una okupación iniciada en 2013
La okupación comenzó en septiembre de 2013, cuando un grupo de estudiantes de la UPV/EHU entró en el bloque 26 con apoyo de algunos vecinos que aún quedaban en la zona.
Desde entonces, Errekaleor funciona como un barrio autogestionado, con decisiones por asamblea, espacios comunes, huertos, talleres y actividades culturales.
Acusaciones contra la policía
Errekaleor acusa a la policía de “instrumentalizar a personas en situación de vulnerabilidad” para generar un conflicto dentro del barrio. También sostiene que esta actuación busca “debilitar” el proyecto y presentarlo como “insolidarie”, “racista” o “hipócrita”.
El colectivo afirma que agentes de la Ertzaintza ocuparon “la carretera, las calles, el paseo” y que llegaron a entrar en una casa “sin orden judicial alguna”. También asegura que identificaron y cachearon “sin ningún tipo de justificación” a vecinos y personas que habían acudido a mostrar apoyo.