El Ayuntamiento reconoce ante el Ararteko 13 agresiones de los porteros de Mítika antes de la muerte de Kerman

La Policía Local de Vitoria-Gasteiz registró 13 actuaciones por agresiones y empujones de los porteros de la discoteca Mítika antes de la muerte de Kerman Villate. Así lo reconoce el propio Ayuntamiento en el informe que ha remitido al Ararteko, que cifra en 29 el total de actuaciones policiales relacionadas con el local entre enero de 2023 y el 23 de febrero de 2025, sin contar la del día en que el joven de 31 años perdió la vida tras recibir un golpe en la entrada. Según el desglose municipal recogido por la Defensoría del Pueblo, de esas 13 actuaciones por agresiones del personal de control de accesos, siete corresponden a 2023 y cinco a 2024.

A ese recuento se suman, según la misma fuente municipal recogida en la resolución, cuatro atestados remitidos al Juzgado de Guardia. Tres de ellos, por presunta agresión con lesiones, son anteriores a la muerte de Kerman: uno de octubre de 2023 y dos de abril de 2024. El cuarto, por un presunto delito de odio, es posterior, de julio de 2025. Todo ello figura en la resolución que la institución ha hecho pública este viernes, fechada el 25 de mayo de 2026.

El Ararteko dice que el Ayuntamiento «pudo» actuar contra esos porteros

La Defensoría del Pueblo distingue en su resolución entre la actuación puntual de los agentes y las competencias de la administración municipal, y sostiene que esta última podía haber ido más allá. «Conociendo que uno de los motivos de la intervención policial eran las agresiones de los controladores de acceso, y teniendo en cuenta que una de las causas de revocación de la habilitación es incurrir en un comportamiento manifiestamente violento en el ejercicio de sus funciones, la administración local pudo comunicar esa circunstancia al órgano competente para instar el procedimiento oportuno», recoge el texto. Es decir, a juicio del Ararteko, el Ayuntamiento pudo trasladar al Gobierno Vasco la conducta violenta de esos porteros para que se valorara retirarles la habilitación.

«[···] la administración local pudo comunicar esa circunstancia al órgano competente para instar el procedimiento oportuno»

Resolución 2026R-1367-25 del Ararteko, de 25 de mayo de 2026

La resolución no da por hecho que el Consistorio recurriera a esa vía. Y lo que respondió el Ayuntamiento cuando se le preguntó por ello apunta en sentido contrario. Cuando el Ararteko le interpeló expresamente sobre si había comunicado las denuncias recibidas, el Consistorio contestó únicamente que las denuncias por presuntas infracciones de la Ley de Espectáculos «se comunican a los presuntos infractores con la Resolución de inicio del expediente sancionador», una respuesta que, según la propia institución, no cubría la pregunta más amplia sobre las actuaciones por agresiones. La Defensoría añade un dato cronológico: «las primeras inspecciones específicas al personal de control de accesos comenzaron después» de la muerte de Kerman.

El relato municipal, de hecho, ha venido sosteniendo lo contrario de lo que ahora apunta el Ararteko. Como afirmó el concejal de Seguridad Ciudadana, César Fernández de Landa, en las respuestas escritas a EH Bildu que esta formación hizo públicas el 9 de abril de 2025, la Policía Local «ya había hecho lo que podía por ley» y «no se podía actuar de forma preventiva». Aquellas respuestas salieron a la luz tras detectarse que 16 personas ejercían como porteros sin acreditación en 23 locales nocturnos inspeccionados después de la muerte de Kerman. Meses más tarde, el parlamentario de EA Abertzaleak Jon Andoni Atutxa reveló, en febrero de 2026, que en la comisión de seguridad municipal del 7 de enero de 2026, al preguntarse al concejal de Seguridad cuántos porteros habían protagonizado incidentes violentos durante 2025, este respondió que «no tenía ni idea» y preguntó: «¿Qué interés tiene esto?».

La lectura del Ararteko coincide con la que ya planteó la oposición. El mismo 9 de abril de 2025, en rueda de prensa, el concejal de EH Bildu Alberto Porras replicó que la afirmación de que no se podía actuar de forma preventiva «no es así» y recordó que la Ley de Espectáculos permite retirar la habilitación a los porteros por conductas violentas. «En el artículo 65 se recoge que la habilitación puede revocarse si hay un comportamiento manifiestamente violento en el ejercicio de sus funciones», expuso Porras, que subrayó que la revocación implica la retirada del carné profesional, «algo que no se produjo en este caso».

A esas vías el Ararteko añade otras que, dice, tampoco se agotaron: los agentes pudieron comprobar en cada intervención si el agresor identificado contaba con la habilitación obligatoria y denunciar la infracción en caso contrario, y el Consistorio pudo poner las denuncias en conocimiento de la empresa titular para que adoptara medidas, algo que «hubiera facilitado» evitar que las conductas violentas se repitieran. Su conclusión es que, ante «múltiples y reiteradas agresiones registradas en el acceso a un determinado local», la actuación municipal «podría no haberse agotado» con las patrullas preventivas y las intervenciones a requerimiento, y que esos antecedentes «no fueron contemplados como un problema singular que requiriese una medida ad hoc».

Lo que ya había desvelado GasteizBerri

El historial que ahora admite el Ayuntamiento coincide con lo que GasteizBerri publicó en marzo de 2025. Como desveló este medio, los correos internos de la Policía Local a los que tuvo acceso esta redacción mostraban que una agente del cuerpo llevaba al menos un año advirtiendo por escrito de la violencia reiterada de los porteros de Mítika y del riesgo que suponía la ubicación del control de acceso, en un «punto ciego» de las cámaras entre el centro comercial Dendaraba y la calle Paz. «¿Cómo puede ser que el control de acceso a una discoteca lo tengan en la línea que separa Dendaraba con Paz? Algún día va a ocurrir una desgracia», escribió la agente, según los correos publicados por GasteizBerri, que alertaba de que se trataba de «porteros reincidentes» y de que la Fiscalía «estaba al tanto».

Aquella investigación reveló también que la agente denunciaba la falta de respaldo de sus propios mandos, que la presionaron para cerrar el caso cuanto antes, y que el portero implicado en la agresión de abril de 2024 que ella investigaba era el mismo que meses después acabaría en prisión por la muerte de Kerman. Cuatro días después del fallecimiento, la agente remitió un correo a la alcaldesa, Maider Etxebarria, y al concejal de Seguridad Ciudadana, César Fernández de Landa, con un asunto inequívoco: «¿Se podría haber evitado la muerte de Kerman en las puertas de la discoteca Mitika?». En él, según ese mismo correo, dejaba una pregunta sin respuesta: «Fue el mismo portero. Contesten ustedes. Yo sé mi respuesta».

Una investigación interna que escrutó a la agente y la filtración

El procedimiento no se dirigió contra quienes ignoraron los avisos, sino contra tres personas: la propia agente que envió el correo, un oficial de la Unidad de Policía Judicial y una subcomisaria

La respuesta del Consistorio a aquellas advertencias fue abrir, en abril de 2025, un expediente de información previa. Pero, según el contenido íntegro al que accedió GasteizBerri, el procedimiento no se dirigió contra quienes -presuntamente- ignoraron o aminoraron la gravedad de los avisos, sino contra tres personas: la propia agente que envió el correo, un oficial de la Unidad de Policía Judicial y una subcomisaria. Entre los aspectos analizados figuró además la filtración de aquel correo a medios como El Correo, Gasteiz Hoy y GasteizBerri, aunque el expediente concluyó que «no se tiene información suficiente para determinar la autoría de la misma».

El informe de la instructora, fechado el 4 de julio de 2025, sostuvo que la afirmación de que «se podría haber evitado el fallecimiento» «carece de base objetiva y sólida». Y, sobre el local, recogió que «de los antecedentes y de la información de la que se disponía no se podía deducir que la discoteca Mítica fuera un lugar más conflictivo que cualquier otro local nocturno de Vitoria», y que sus accesos «no eran inseguros». El Ayuntamiento archivó el expediente en octubre de 2025 al considerar que no se había acreditado ninguna infracción disciplinaria. La madre de Kerman, Arantzazu Beitia, definió esa auditoría, en su comparecencia ante el Parlamento Vasco en febrero de 2026, como «un documento que eludía responsabilidades, no uno que las asumía».

Una denuncia que el Ararteko considera mal resuelta

La empresa titular de Mítika era Explotaciones Hosteleras Niecor S.L., y a la empresa de seguridad Le Basque Services.

La recomendación de la Defensoría nace de la queja que la familia trasladó al Ararteko por la «presunta inacción o falta de respuesta adecuada» del Ayuntamiento. El origen concreto, según la resolución, está en el escrito que los padres registraron el 26 de junio de 2025, en el que reclamaban que el Consistorio, en coordinación con la Dirección de Juegos y Espectáculos del Gobierno Vasco, impulsara las medidas oportunas para sancionar a la empresa titular de Mítika, Explotaciones Hosteleras Niecor S.L., y a la empresa de seguridad Le Basque Services, «con sanciones proporcionales a la gravedad de los hechos acontecidos». La familia citaba el incumplimiento reiterado de, al menos, dos infracciones consideradas muy graves por la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, los artículos 51.3 y 51.6.

El Ayuntamiento respondió, según consta en la resolución, comunicando que había incoado expedientes por la presunta comisión de una infracción leve, la del artículo 53.14, vinculada únicamente a que el personal de admisión carecía de la habilitación obligatoria. Y el 7 de noviembre de 2025, el intendente-jefe rechazó revisar la investigación interna: aseguró que había revisado «con rigor» la documentación, que se había realizado «un trabajo encomiable» y que no encontraba «nuevos elementos» para reabrirla.

El Ararteko discrepa de ese planteamiento. Recuerda que la familia reúne la condición de interesada e incluso de víctima, porque las actuaciones denunciadas le han generado «un daño efectivo y real, consistente en la muerte de su hijo». Por eso concluye que el Consistorio debió analizar todas las cuestiones de la denuncia y resolverlas «de manera expresa y motivada», incluidas las relativas a los artículos 51.3 y 51.6, y no despacharlas con una referencia genérica a una infracción leve. La institución subraya, en todo caso, que no tiene competencia para «enjuiciar la actuación de los controladores de acceso» ni para valorar la responsabilidad de la discoteca o de la empresa de seguridad, asuntos que corresponden a la vía penal.

Licencias sin previsiones y silencios políticos

La resolución detecta otra carencia en el ámbito de las licencias. Según la unidad municipal de control de actividades citada por el Ararteko, la licencia del centro comercial Dendaraba «no hace ninguna referencia a la delimitación del espacio para la realización del control de acceso de la discoteca», y el expediente de ampliación de la actividad tampoco recoge «ninguna referencia a la forma en que se realizará el control de acceso». No consta, añade la institución, que las medidas correctoras de las licencias incorporaran exigencias específicas sobre la iluminación o la videovigilancia de ese espacio, precisamente el «punto ciego» que la agente había señalado.

A todo ello se ha sumado el malestar por la respuesta política. La alcaldesa, Maider Etxebarria, alegó motivos de agenda para no reunirse durante meses con la familia, que reclamaba un encuentro directo.

La alcaldesa, Maider Etxebarria, alegó motivos de agenda para no reunirse durante meses con la familia

El propio Ararteko vincula el caso con un cambio normativo posterior. La parte expositiva del Decreto 63/2026, de 29 de abril, que modifica el reglamento de la Ley de Espectáculos, reconoce que «a raíz de ciertos eventos que han puesto de manifiesto posibles aspectos de mejora» se ha revisado la regulación del personal de admisión, con el objetivo de impedir que quien cometa una infracción o un ilícito penal siga ejerciendo esas funciones.

Las dos recomendaciones

Sobre esa base, el Ararteko dirige al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz dos recomendaciones. La primera, que resuelva «de manera expresa, motivada e íntegra» la solicitud que la familia presentó el 26 de junio de 2025. La segunda, que incorpore en su plan de inspección municipal, si no lo ha hecho ya, mejoras para un control preventivo que garantice que los locales de ocio cumplan con el conjunto de exigencias de la normativa de seguridad.

La familia, en pie de guerra: «Puede ser absuelto»

La resolución llega días después de que el entorno de Kerman diera un nuevo paso para mantener viva su reivindicación. El pasado 9 de junio, en el centro cultural Izaskun Arrue, se presentó la asociación Egia Kermanentzat, nacida para seguir buscando «la verdad del caso y la justicia». Fue su madre, Arantzazu Beitia, quien relató el estado del proceso y mostró su desconcierto por la calificación judicial de los hechos.

La causa, que en la fase de instrucción llegó a apuntar al asesinato, ha quedado reconducida a un delito de lesiones en concurso ideal con un homicidio imprudente, una calificación que rebaja de forma notable la pena posible y que la familia atribuye al criterio de la Fiscalía de Álava y de la Audiencia Provincial. «No sabemos por qué el fiscal protege al agresor», denunció Beitia, que reprochó que no se tuvieran en cuenta ni la corpulencia del portero ni que se tratara, a su juicio, de un ataque «a traición», sin discusión previa, ni la ausencia de auxilio posterior. La familia recordó que el acusado pasó nueve meses en prisión y quedó en libertad tras abonar una fianza de 6.000 euros, y advirtió de que, con el actual marco, «incluso puede ser absuelto»; en el peor de los escenarios para él, según expuso, la pena no superaría los ocho años.

El entorno de Kerman sumó a esa frustración judicial el malestar con el Ayuntamiento, del que el joven era trabajador interino desde 2016. Lamentaron que no haya habido «ni una condena ni un minuto de silencio como pasa con otros trabajadores municipales».

«Ni una condena ni un minuto de silencio como pasa con otros trabajadores municipales»

El caso continúa abierto en los tribunales, después de que el Tribunal Supremo no admitiera el recurso de la familia para que los hechos se juzgaran como homicidio doloso o asesinato. La resolución del Ararteko, de carácter no vinculante, añade ahora presión institucional sobre un Consistorio al que la Defensoría del Pueblo reclama, en sus palabras, una respuesta «más acorde con las obligaciones municipales en materia de garantía de la seguridad y protección de las personas».