El juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria ha archivado la denuncia para el esclarecimiento de la masacre del 3 de marzo de 1976 en la capital alavesa y la posible responsabilidad e intervención en ellos del exministro Rodolfo Martín Villa que pusieron el pasado 20 de enero los diputados vascos de Unidas Podemos.
El juzgado ha comunicado este martes a los diputados vascos el sobreseimiento de la causa por prescripción de los delitos e inaplicabilidad del delito de lesa humanidad del derecho internacional por parte de los tribunales españoles a casos anteriores a su traslación al derecho español.
La diputada y coordinadora general de Podemos Ahal Dugu, Pilar Garrido, ha denunciado que el archivo de la denuncia es “una muy mala noticia porque volvemos a constatar que quedan impunes crímenes muy graves del franquismo”. Por ello, ha asegurado que los diputados vascos de Unidas Podemos “vamos a seguir peleando en los tribunales” con la interposición de un recurso con el objetivo de “lograr que por fin estos crímenes puedan tener responsables”.
En esta línea, el diputado por Álava y coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, ha censurado que “no entendemos que a día de hoy no haya habido nadie juzgado por los terribles hechos del 3 de marzo de 1976”. Para acabar con esta impunidad, los tres diputados vascos presentaron el pasado 20 de enero una denuncia en los juzgados de Vitoria para que investigara estos hechos y la posible responsabilidad en los mismos de Martín Villa a raíz de unas manifestaciones del exministro en las que venía a reconocer su responsabilidad política e incluso penal por estos crímenes. Sin embargo, como ha lamentado, “hoy hemos conocido, desgraciadamente, que el juzgado ha archivado la querella que se presentó”.
Por su parte, Roberto Uriarte ha defendido que “no hay democracia sin memoria, y no hay memoria sin conocer la verdad, y por eso presentamos la querella”. Además, ha lamentado que el Congreso en su sesión de hoy haya rechazado una iniciativa impulsada por Unidas Podemos junto con otras fuerzas parlamentarias para la reforma del Código Penal de cara a que los delitos de genocidio y lesa humanidad durante la dictadura franquista, y que en el pasado se juzgaban a nivel internacional, pudieran ser juzgados también por los tribunales españoles.
