Tras la confirmación de las condenas impuestas por corrupción por el Tribunal Supremo a integrantes del Partido Nacionalista Vasco, el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco ha ordenado que los miembros condenados, Alfredo De Miguel (12 años y 4 meses de cárcel) y Koldo Ochandiano (7 años y 6 meses de cárcel), sean cesados de sus puestos en la Fundación HAZI y el Parque Tecnológico de Álava.
Trabajo en la administración
Según publicó eldiario.es, De Miguel ha continuado con su carrera profesional en el Gobierno Vasco pese a su imputación. El acusado contó con dos plazas reservadas en la Administración pública gracias a excedencias en puestos a los que accedió «a dedo»: una en Sprilur, en los Industrialdeak, donde trabajaba antes de ser nombrado responsable foral de Urbanismo, y la otra en IKT (entonces conocida como Hazi), una sociedad pública autonómica que también estaba bajo el área de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco. El acusado se incorporó a esta entidad en 2000, cuando fue nombrado «número dos» del partido en Álava y dejó de estar liberado en EGI.
En Industrialdeak no fue readmitido y cobró una indemnización de 22.000 euros, pero sí se reincorporó a IKT en la primavera de 2010 (el 22 de abril), sólo que para entregar un parte de baja laboral a los pocos días (26 de abril). La incapacidad temporal se prolongó en el tiempo (hasta el 28 de febrero del siguiente) y la Seguridad Social llegó a abrir una investigación. En 2012 estuvo otros siete meses de baja laboral.
En cuanto al papel del acusado en Hazi, su amigo y jefe Asier Arrese explicó en 2014 en el Parlamento que estaba adscrito al área de Informática, pero en realidad desarrollaba sus funciones para la Unidad de Emprendimiento y Desarrollo Rural y Litoral. Curiosamente, mientras se celebraba el juicio en 2018, el acusado seguía siendo un empleado más en Hazi, lo que generó sorpresa entre algunas fuentes, preguntándose cómo podía ser posible que una persona sentada en el banquillo, acusada de 21 delitos de corrupción, fuera el interlocutor del Gobierno vasco en algunos asuntos relacionados con el primer sector. Otros expolíticos del PNV también tenían plazas fijas en esta sociedad pública, como Iñaki Gerenabarrena, quien fue presidente del PNV en Álava en la etapa de De Miguel, Ochandiano y Tellería. Según pudo saber nuestra redacción.
La sentencia
El Tribunal Supremo ha ratificado las sentencias emitidas por la Audiencia Provincial de Álava en relación a la corrupción cometida por miembros del Partido Nacionalista Vasco, incluyendo a los miembros del grupo llamado «Araba Buru Batzar». Alfredo De Miguel Aguirre, Luis Felipe Ochandiano Credilla y Carlos Aitor Tellería Lambarri han sido condenados a 12 años y 4 meses, 7 años y 6 meses y 5 años y 1 mes de cárcel respectivamente. También se ha condenado a las esposas de los acusados, Ainhoa Bilbao Lasa e Iratxe Gaztelu-Urrutia Sánchez, por delitos de lavado de dinero y colaboración en una organización ilegal, imponiendo penas de 1 año y 6 meses de prisión y multas de 180.000 euros. Los principales acusados habían utilizado dos compañías, Errexal SL y Ortzi Muga SL, para cometer delitos de abuso de poder, malversación de fondos públicos, falsificación de documentos comerciales y colaboración en organización ilegal. Además, se les acusa de tráfico de influencias, asesoramiento y colaboración en la prevaricación, soborno, malversación de fondos públicos, falsificación de documentos y lavado de dinero. Los delitos relacionan con contratos otorgados a estas empresas por diferentes entidades públicas regidas por miembros del Partido Nacionalista Vasco. Los acusados habían usado su influencia política para obtener beneficios y para obtener los contratos sin seguir los procedimientos administrativos necesarios.
Reacciones
Partidos políticos como EH Bildu, el Partido Popular, Ezker Anitza-IU y Podemos han emitido declaraciones en reacción a las condenas. EH Bildu ha acusado al PNV de conocer la trama de corrupción y el Partido Popular ha exigido explicaciones. El Gobierno Vasco ha mostrado su rechazo a los hechos probados en el caso y ha expresado respeto por la sentencia del Tribunal Supremo.
El Lehendakari ha reiterado su compromiso con la transparencia y la ética en la gestión pública y política y su rechazo a cualquier caso de corrupción. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que el partido siempre ha proclamado que cualquier práctica éticamente reprobable es contraria a la vocación de servicio público del PNV.
