La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha entregado nuevos informes al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre el rescate público de Tubos Reunidos. Los documentos policiales apuntan a que la presunta trama vinculada a Leire Díez habría usado contactos en el PNV para facilitar la ayuda pública de 112,8 millones de euros concedida a la empresa vasca en 2021 y para gestionar después un aplazamiento en la devolución de parte de ese dinero.
La investigación se centra en el grupo que sus propios integrantes llamaban “Hirurok”. Lo formaban Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Joseba Antxon Alonso. La UCO sostiene que ese grupo habría actuado como intermediario aprovechando su capacidad de acceso a dirigentes del Partido Nacionalista Vasco.
Tubos Reunidos, con sede en Amurrio, recibió el rescate a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. El caso tiene una lectura directa en Álava, tanto por el peso industrial de la compañía como por el impacto laboral que arrastra la empresa en los últimos años.
Una reunión con Ortuzar en enero de 2025
Uno de los puntos más relevantes del informe es una reunión celebrada el 28 de enero de 2025. Según las informaciones publicadas, en ese encuentro participaron el entonces presidente del PNV, Andoni Ortuzar, el responsable de Organización y senador Joseba Aurrekoetxea, el consejero delegado de Tubos Reunidos, Carlos López de las Heras, y Vicente Fernández.
La UCO sitúa esa reunión en el intento de evitar que Tubos Reunidos tuviera que destinar a la SEPI cerca de 10 millones de euros obtenidos por la venta de un inmueble en Sestao. La solicitud de aplazamiento fue aprobada después por la sociedad pública.
Los investigadores también recogen conversaciones internas del grupo. En una de ellas, Vicente Fernández pide a Antxon Alonso que sondee la posición del PNV porque el secretario de Estado de Economía estaba poniendo pegas al rescate. RTVE recoge uno de esos mensajes en los que Fernández pregunta si puede enterarse de qué opina el PNV sobre la operación.
Comisiones y mensajes internos
La UCO también atribuye al grupo el cobro de comisiones por las gestiones relacionadas con Tubos Reunidos. Las informaciones publicadas este martes elevan esas cantidades a 247.459 euros.
En los mensajes internos recuperados por los investigadores, Vicente Fernández llegó a vincular la aprobación de la operación con la supuesta intermediación realizada. El informe recoge referencias a que hablar con el PNV un martes y que la operación se aprobara el martes siguiente no podía verse como una casualidad, según han publicado varios medios.
La investigación no da por probado todavía el alcance penal de esos contactos. Lo que recoge la UCO son indicios y comunicaciones que ahora deberá valorar el juez dentro de la causa.
El PNV niega cualquier relación con actividades ilícitas
El PNV ha reconocido contactos con el Gobierno y con Tubos Reunidos para interesarse por la situación de la empresa. El partido sostiene que esa actuación entra dentro de la defensa de la industria vasca y del empleo.
La formación niega, sin embargo, cualquier relación con las actividades ilícitas que se investigan. Según la respuesta recogida por varios medios, el PNV defiende que no puede asumir responsabilidad por actuaciones que terceras personas pudieran estar realizando en paralelo.
El asunto ha tenido también respuesta política en Madrid. La dirigente del PP Cuca Gamarra ha pedido explicaciones al PNV tras el informe de la UCO y ha preguntado si este caso condiciona el apoyo de la formación jeltzale al Gobierno de Pedro Sánchez.
La causa sigue abierta en la Audiencia Nacional. La UCO ya registró este mes la sede de Tubos Reunidos en Álava y sus oficinas de Bilbao dentro de una pieza secreta del caso Leire.