En Euskadi, se ha generado polémica política debido a la falta de una oficina anticorrupción y de buenas prácticas en el gobierno autonómico. Esta discusión ha sido reavivada por el caso De Miguel, el mayor escándalo de corrupción en la región, que ha llevado a cuatro exdirigentes jeltzales a prisión.
Ante esta situación, la coalición soberanista EH Bildu ha presentado una iniciativa para crear una oficina anticorrupción similar a las que ya existen en varios países de Europa. Esta iniciativa fue admitida a trámite en la anterior legislatura, cuando jeltzales y socialistas se encontraban en minoría parlamentaria, pero fue rechazada cuando ambos partidos obtuvieron mayoría absoluta.
En un segundo intento de presentar la iniciativa, los partidos gobernantes, el PNV y el PSE-EE, han vetado su toma en consideración argumentando que ya existen mecanismos de control para prevenir y castigar conductas irregulares. La oposición, por su parte, considera que estas garantías son insuficientes.
El comienzo fallido de la tramitación parlamentaria se ha producido mes y medio después de que el Gobierno vasco mostrara también su criterio desfavorable, amparándose en la utilidad de instituciones como el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) y la Oficina de Control Económico (OCE).
Sin embargo, la coalición abertzale no cree efectivos los órganos de control actuales y denuncia que están controlados por el PNV. El parlamentario Josu Estarrona, promotor de la iniciativa y habitual azote del Gobierno vasco en materia de transparencia y buen gobierno, ha señalado que «no se puede duplicar lo que no existe».
El PNV y el PSE-EE han mantenido un tono muy crítico con la iniciativa, acusando a EH Bildu de extender la sombra de la sospecha y de la connivencia del conjunto de instituciones que controlan a las administraciones públicas.
