Cientos de cortes de suministro de agua por impago en Vitoria

Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A. (AMVISA) ha implementado una nueva normativa que ha cambiado el panorama de las facturas de suministro de agua en la ciudad. La Ordenanza Local de la Prestación Patrimonial de Carácter Público No Tributario de los Servicios Municipales del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que entró en vigor el 2 de mayo de 2022, ha llevado a un cambio en el tratamiento de los pagos fuera de plazo y ha dejado de considerar las facturas como una tasa.

64.000 euros en recargos

Como resultado de esta medida, las facturas emitidas después de la fecha mencionada ya no están sujetas al procedimiento de apremio, lo que implica que no se generan recargos ni intereses por pagos atrasados. Sin embargo, en el año 2022 se registraron recargos por un total de 63.974,72 euros para las liquidaciones que aún estaban sujetas a la consideración de tasa.

12.000 euros en intereses

No obstante, la falta de transparencia de AMVISA dificulta conocer el monto exacto de los intereses generados y cobrados por pagos fuera de plazo. Según la información a la que ha tenido acceso esta redacción, la empresa recaudo 11.865,17 euros en concepto de intereses durante el año pasado, pero esta cifra incluye tanto los intereses cobrados por pagos realizados después de la fecha límite como aquellos generados en fraccionamientos de pago solicitados durante el período voluntario de abono.

Casi 1000 cortes en 2022

Uno de los aspectos más preocupantes es el número de cortes de suministro de agua llevados a cabo en el año 2022 debido a impagos. Según datos, AMVISA ejecutó un total de 936 cortes de suministro por esta razón. Sin embargo, se destaca que en aproximadamente el 90% de los casos, el suministro se restableció en los días siguientes al corte, una vez que la deuda fue pagada, aplazada o fraccionada.

A día de hoy, aún se mantienen 93 instalaciones desconectadas de la red de suministro como consecuencia de los cortes realizados en 2022. En su mayoría, estas instalaciones corresponden a locales comerciales cerrados o viviendas desocupadas.

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