La recién nombrada diputada alavesa de Medio Ambiente por el PNV, Amaia Barredo, se encuentra bajo investigación de la fiscalía debido a un presunto caso de prevaricación. Los hechos investigados se remontan a su tiempo como mano derecha de la consejera de desarrollo económico y medio ambiente, Arantxa Tapia, en el Gobierno Vasco.
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La denuncia fue presentada por la Plataforma vecinal Larramendiko Arnasa, de la cual forma parte Ekologistak Martxan. Esta plataforma se opuso al tratamiento de residuos papeleros en el polígono industrial de Larramendi, ubicado en Bergara.
La conducta de Amaia Barredo y Javier Agirre podría enmarcarse, según los denunciantes, en el delito de prevaricación administrativa, contemplado en el artículo 404 del Código Penal vigente. Dicho artículo establece que «se castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años» a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dicto una resolución arbitraria en un asunto administrativo.
En el caso de Amaia Barredo, su conducta consistió en aprobar la resolución del 8 de abril de 2022, mediante la cual se emitió una Declaración de Impacto Ambiental favorable y se otorgó una Autorización Ambiental Integrada (AAI) a la empresa Valogreene Paper BC S.L. para la construcción de una planta de producción de material calcáreo en Bergara, Gipuzkoa. Según los denunciantes, esta AAI es arbitraria, ya que contiene afirmaciones erróneas sobre los informes de compatibilidad urbanística emitidos por el Ayuntamiento de Bergara y sobre el carácter y naturaleza de las actividades proyectadas por la empresa.
En el caso de Javier Agirre, su conducta fue parcialmente activa y parcialmente omisiva. A pesar de conocer los informes de compatibilidad urbanística negativos emitidos por el Ayuntamiento de Bergara en enero y febrero de 2022, no puso fin al procedimiento de solicitud de AAI por parte de Valogreene Paper BC S.L. y no archivó las actuaciones, como establece el artículo 15 del RDL 1/2016, ley de prevención y control integrados de la contaminación. Además, respaldó un informe de compatibilidad urbanística que había sido dejado sin efecto por el Ayuntamiento de Bergara, a pesar de que el promotor no presentó el proyecto técnico requerido según la normativa.
El denunciado también publicó anuncios en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) que contenían errores, los cuales fueron reconocidos posteriormente por él mismo, sin que se rectificaran en atención a la verdad y los derechos de la ciudadanía en el proceso de información pública. Solo cuando el Ayuntamiento de Bergara emitió decretos que invalidaban o rechazaban el informe de compatibilidad urbanística, el denunciado aceptó la comisión de esos errores con el objetivo de que la AAI continuara su curso administrativo hasta su resolución final.
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