El Ayuntamiento reconoce que no puede garantizar una vivienda digna a quienes más lo necesitan

La reciente ola de frío en Vitoria, con temperaturas descendiendo hasta los -6°C, ha vuelto a poner en el foco la situación de las personas sin hogar en la ciudad. La crítica situación llevó a la plataforma ‘Derecho a Techo’ a denunciar públicamente la insuficiencia de los recursos municipales para atender a esta población vulnerable, especialmente durante periodos de frío extremo. Paralelamente, el concejal de políticas sociales, Raimundo Ruiz de Escudero, ha defendido las acciones y programas implementados por el Ayuntamiento, reconociendo, no obstante, la complejidad y la magnitud del desafío que representa garantizar una vivienda digna para todos.

La plataforma ha lanzado una crítica contundente hacia la gestión del Ayuntamiento de Vitoria, argumentando que los recursos actuales son insuficientes para abordar la exclusión residencial de manera efectiva. Subrayan la importancia de la vivienda como un derecho básico y critican la práctica de ofrecer refugio solamente durante condiciones climáticas extremas. Destacan, además, la saturación de los recursos de primera atención, con ocupaciones que oscilan entre el 95% y el 100%, y la existencia de listas de espera que contradicen las afirmaciones oficiales sobre la suficiencia de los recursos. La plataforma también cuestiona la eficacia del modelo de jornadas de puertas abiertas y la dificultad para acceder a datos fiables sobre las plazas disponibles y la operatividad de los recursos.

Raimundo Ruiz de Escudero ha expuesto una serie de actuaciones municipales dirigidas a prevenir la pérdida de vivienda y atender a las personas en riesgo de exclusión. Ha destacado la existencia de más de 350 plazas en cinco programas distintos, incluyendo acogida nocturna y viviendas tuteladas, y enfatizado el enfoque interdisciplinario de los servicios sociales municipales, que incluyen trabajadores sociales, psicólogos, entre otros profesionales. El concejal también ha señalado la colaboración con distintas instituciones y la implementación de la Oficina de Prevención de Desahucios desde 2019, que busca prevenir la pérdida de vivienda a través de un trabajo conjunto con el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno Vasco y Eudel.

Ambas partes coinciden en reconocer el problema sistémico que supone el acceso a una vivienda digna, agravado por el incremento de personas en riesgo de exclusión residencial y las dificultades añadidas como el hacinamiento, la compartición forzosa de vivienda y las situaciones precarias en las que viven ciertos colectivos vulnerables. Desde la plataforma se hace un llamado urgente a la mejora estructural de los recursos, la diversificación de los modelos de atención y la garantía del acceso a la vivienda como un derecho básico. Por otro lado, el concejal subraya la necesidad de un mayor esfuerzo e inversión en recursos sociales, la diversificación de actuaciones y la adecuación de los servicios a las necesidades cambiantes de la población.

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