AMVISA recurre a seguridad privada para atender usuarios en plena huelga

El conflicto laboral afecta a trabajadores subcontratados, quienes denuncian precariedad y falta de estabilidad.

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La huelga de los trabajadores y trabajadoras de AMVISA, que comenzó el pasado lunes 18 de noviembre, sigue afectando la atención al público en las oficinas de aguas municipales de Vitoria-Gasteiz. Según han anunciado, la protesta continuará, al menos, hasta el 15 de diciembre, aunque no descartan prolongarla de forma indefinida si no se alcanzan acuerdos. Mientras tanto, solo se pueden realizar trámites de altas y bajas, quedando suspendidos los pagos de facturas, cambios de titularidad o de domicilio.

Un conflicto que se agrava

Desde el sindicato ELA explican que la situación está provocando un «atasco fenomenal» en las gestiones administrativas. “Las citas concertadas para este mes se están anulando. AMVISA ya está dando nuevas citas a partir del 16 de diciembre, lo que me parece muy optimista, porque esta huelga, si no se soluciona, va a seguir adelante”, señala.

Además, ELA denuncia que la empresa ha contratado personal de seguridad privada para atender a los usuarios. “Esto ya lo hemos denunciado a Inspección de Trabajo, que incluso envió a una inspectora el pasado martes”, añaden.

Reivindicaciones de los empleados

Los trabajadores, contratados a través de una subcontrata ubicada en Valencia, exigen mejoras en las condiciones laborales, incluyendo la ampliación de sus jornadas y una mayor estabilidad. En la actualidad, muchos de ellos trabajan a tiempo parcial, con salarios que apenas superan los 1.100 euros al mes.

La plantilla subraya que su lucha no solo busca mejorar sus condiciones, sino también ofrecer una atención al usuario de mayor calidad. Según denuncian, la gestión externa y la falta de inversión en personal dificultan el servicio a los ciudadanos.

Aunque hay una persona trabajando en servicios mínimos, la decisión de AMVISA de recurrir a seguridad privada para suplir la atención al público ha generado críticas. Los trabajadores consideran esta medida una vulneración de sus derechos durante la huelga.

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