Según denuncian varios colectivos de Gasteiz, «el Ayuntamiento está obstaculizando el acceso al padrón municipal a personas en situación vulnerable, contraviniendo la normativa estatal y vulnerando derechos fundamentales». La plataforma ‘Erroldarik gabe, izaterik ez’ sostiene que existen «documentos internos del consistorio reflejan prácticas restrictivas que excluyen a quienes más necesitan este registro».

Un derecho convertido en barrera

«El padrón municipal no es solo un registro administrativo; es la puerta de acceso a derechos básicos como la sanidad, la educación o las ayudas sociales» afirman. Según la legislación estatal, «toda persona tiene derecho a empadronarse en el municipio donde reside, independientemente de su situación respecto a la vivienda». No obstante, los colectivos denuncian que «el Ayuntamiento de Gasteiz impone requisitos arbitrarios que dejan en manos de los propietarios la decisión de quién puede ser reconocido como residente».

Documentos que evidencian la exclusión, según las denuncias

Uno de los documentos que denuncian es un informe de la Asesoría Jurídica municipal de 2019. En él, «el Ayuntamiento ordena denegar el padrón a todas las personas que vivan en viviendas municipales sin un título legal». Para justificar esta medida, «se apoya en una sentencia de la Audiencia Provincial de Álava que analizó un caso de usurpación de inmueble». Sin embargo, según los colectivos, «la propia sentencia no impone tal restricción ni tiene competencia para determinar criterios sobre la gestión del padrón». Pese a ello, aseguran que «el Ayuntamiento ha extendido esta línea de actuación, denegando el empadronamiento a cualquier persona sin contrato de propiedad o alquiler».

Además, los colectivos han denunciado que «el protocolo municipal establece que solo pueden empadronarse personas propietarias, arrendatarias o subarrendatarias con contrato de alquiler, así como quienes cuenten con una autorización expresa de los propietarios«. Esta normativa, según denuncian, «excluye a quienes no pueden acreditar un ‘derecho de ocupación’, lo que vulneraría los derechos básicos de muchas vecinas y vecinos de Gasteiz».

Restricciones y obstáculos ilegales, según la denuncia

Entre las prácticas más problemáticas que han sido denunciadas, los colectivos destacan:

«Exigencia de documentos innecesarios e ilegales, como contratos de arrendamiento recientes, notas del Registro de la Propiedad o justificantes de pago».
«Prohibición de empadronarse en infraviviendas o locales no regularizados, cuando la normativa estatal establece que el padrón debe reflejar la residencia efectiva, no la legalidad urbanística».
«Límites arbitrarios al número de personas por vivienda, con un máximo de siete salvo excepciones».
«Ocultación de información sobre viviendas declaradas ‘cerradas’, sin explicación a las personas afectadas».
«Control indebido de contratos privados, una práctica que, según los denunciantes, excede las competencias del Ayuntamiento y vulnera el principio de buena administración».

Exigen cambios inmediatos

Los colectivos denuncian que «estas prácticas han llevado a una mercantilización del padrón, generando situaciones de mayor precariedad para las personas que dependen de él para acceder a servicios esenciales». «El Ayuntamiento debe rectificar de inmediato», exigen desde ‘Erroldarik gabe, izaterik ez’. Piden «la eliminación de estos requisitos arbitrarios y la creación de un procedimiento especial para quienes no pueden acreditar la documentación exigida».

«La exclusión que promueve el Ayuntamiento solo agrava las desigualdades y perpetúa la precariedad«, denuncian los colectivos, quienes han reiterado «su compromiso de seguir organizándose para exigir un cambio en la gestión del padrón municipal y garantizar el reconocimiento de todas las personas residentes en Gasteiz».