Opinión

En España, el sistema público de pensiones es una de las conquistas sociales más importantes del Estado del bienestar. Sin embargo, hay un grupo que sigue en la sombra, atrapado en una injusticia que parece invisible: las viudas. Mientras el debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones sigue en el centro de la agenda política, nadie parece preguntarse si las cuantías de las pensiones de viudedad son suficientes para cubrir las necesidades de quienes las perciben.

Los datos son elocuentes. La pensión media de viudedad en 2024 es de 822,88 euros mensuales, muy por debajo de la pensión media de jubilación, que asciende a 1.619,9 euros. Pero la brecha se agranda al observar las diferencias entre comunidades autónomas: en Galicia, la pensión de viudedad se queda en 764,33 euros, mientras que en Euskadi asciende a 1.090,80 euros. ¿Acaso los gastos de una viuda en Galicia son menores que los de una en Euskadi?

Aquí radica la gran paradoja: el sistema de pensiones en España se basa en la solidaridad intergeneracional e interregional, pero parece olvidar la desigualdad que arrastran muchas mujeres que han dedicado su vida a los cuidados y que hoy sobreviven con una pensión que no cubre ni lo básico. Durante décadas, millones de mujeres dejaron de lado su desarrollo profesional para dedicarse a “sus labores”, como se reflejaba en los antiguos DNI. Sin cotización propia, su única esperanza es la pensión de viudedad, que, con carácter general, se calcula aplicando un 52% de la base reguladora del fallecido. Solo en algunos casos excepcionales, como mayores de 65 años sin ingresos adicionales, esta cantidad puede aumentar hasta el 60% o el 70%.

El problema es evidente. Los gastos de una persona viuda no se reducen a la mitad cuando fallece su pareja. Hipoteca o alquiler, luz, gas, comunidad, suministros… todo sigue costando lo mismo. Solo la partida de alimentación disminuye ligeramente, pero la diferencia es mínima en el conjunto de los gastos. Y, sin embargo, el sistema sigue aplicando un recorte automático como si la vida de estas mujeres pudiera dividirse en dos tras enviudar.

A pesar de todo, el debate sobre la mejora de las pensiones de viudedad brilla por su ausencia. En las manifestaciones por las pensiones dignas apenas se menciona el tema. Mientras tanto, el 8 de marzo llena titulares con discursos sobre igualdad, pero las mujeres viudas siguen siendo las grandes olvidadas. Es hora de que la política se ocupe de ellas.

El artículo 41 de la Constitución es claro: “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad”. Si la pensión de viudedad no permite a muchas mujeres vivir con dignidad, el sistema no está cumpliendo con este mandato.

España ha avanzado en igualdad, pero sigue arrastrando deudas pendientes con una generación de mujeres que cuidó, crió y sostuvo familias enteras sin recibir nada a cambio. No se trata de beneficencia, sino de justicia. Si de verdad queremos un país que no deje a nadie atrás, debemos empezar por corregir esta desigualdad.

Porque la pregunta clave no es si hay dinero suficiente para mejorar las pensiones de viudedad, sino si a alguien le importa.