Educadores sociales exigen más seguridad tras el asesinato de una compañera en Badajoz

El Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Álava ha manifestado su “profunda consternación y repulsa” tras el asesinato de Belén Cortés Flor, educadora social en Badajoz. Su muerte, ocurrida mientras ejercía su labor, ha vuelto a poner en evidencia la precariedad y desprotección a la que se enfrentan los profesionales de la intervención social. “Nuestra profesión está altamente feminizada y la falta de reconocimiento y condiciones precarias tienen que ver con una lógica de género que desvaloriza nuestro trabajo”, han denunciado en un comunicado.

Desde el Colegio denuncian que la falta de medios técnicos y recursos económicos en los servicios sociales pone en riesgo tanto a los profesionales como a las personas a las que atienden. “Se nos dice que los riesgos son inherentes a nuestro trabajo, pero la realidad es que estos están directamente relacionados con la falta de inversión y de medidas de seguridad”, explican. También advierten de que la externalización y privatización de los servicios agravan esta situación, generando aún más precariedad.

Los educadores han exigido a las administraciones públicas una mejora en las condiciones laborales y en la seguridad de los centros. Entre sus reclamaciones destacan el aumento de personal, el respeto a los ratios adecuados, la implementación de la pareja educativa y la creación de protocolos de actuación ante agresiones. “No se trata de poner personal de seguridad, sino de dotar a los equipos de los recursos suficientes para garantizar una atención de calidad”, ha señalado Sara Rodríguez, miembro de la junta de gobierno del Colegio.

Desde el colectivo insisten en que llevan años reclamando estas medidas, pero la respuesta ha sido “tibia y variable”. “Si los dejamos apartados y los tratamos solo como números, suceden tragedias como esta”, advierten. Pese a la gravedad del caso de Badajoz, los educadores recuerdan que este es solo un ejemplo de un problema estructural que pone en riesgo a los profesionales y debilita el sistema de protección social. “No podemos permitir que esto vuelva a pasar”, concluyen.